El nuevo decreto andaluz libera los desarrollos industriales que había puesto en jaque el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía), de forma que "con el fin de potenciar el desarrollo económico -explican desde la Junta-, la nueva norma exluirá los suelos industriales del límite del 40% de crecimiento máximo de terriotio urbanizado para cada municipio que fija el POTA para los próximos ocho años".

Asimismo, el criterio del límite de crecimiento máximo de población, fijado en el 30% con carácter general para el mismo periodo, se modulará en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes cuya población ha crecido por debajo de la media andaluza durante la última década. Para estos casos se fijan los porcentajes del 60% (localidades de menos de 2.000 habitantes); del 50% (entre 2.000 y 5.000); y del 40% (entre 5.000 y 10.000 habitantes). El decreto, elaborado en consenso con la FAMP, introduce dos nuevos procedimientos de agilización para obtener suelo destinado a VPO. El primero de estos mecanismos permitirá adaptar parcialmente los planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, independientemente de que se haya iniciado el proceso de revisión general de cada PGOU. Estas adaptaciones parciales podrán realizarse en cualquier momento y completarse en un plazo de dos meses. El segundo instrumento consiste en un procedimiento de urgencia para urbanizar reservas de suelo público para VPO.