Las dificultades para llegar a final de mes de los onubenses están provocando problemas a la hora de cumplir con los pagos pendientes con los bancos, lo que a su vez (después de más de doce meses en los que los recibos impagados no han dejado de aumentar) ha llevado a que cada vez sea mayor la intervención judicial para asegurar el pago. La situación lejos de mejorar, empeora y así los onubenses se han colocado a la cabeza en cuanto al incremento de morosidad: se ha dejado de pagar un 45 por ciento más que el año anterior, cuando la media nacional apunta a un incremento del 28 por ciento.

Si el año 2006 se cerró en nuestra provincia con un incremento del 16,3 por ciento en el valor de los efectos impagados (recibos bancarios no atendidos), sólo un año después ese porcentaje se haya elevado hasta el 45 por ciento, 17 puntos por encima de la media nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es decir que casi la mitad de los recibos a los que había que hacer frente no se atendieron en la provincia. Ha subido el importe de los impagados (de 55,77 a los 81,07 millones de euros) y también, aunque en menor medida, el número de recibos no atendidos (un 13 por ciento, al pasar de los 15.871 de hace dos años a los 17.980 del año pasado) lo que ha llevado a que el importe medio de esas facturas que han sido gestionados a través de las entidades bancarias también se dispare, hasta el punto de que si en el año 2006 el valor medio se situaba en los 3.513 euros, en el ejercicio pasado esta cantidad se fijara en los 4.506 euros, superior a la media andaluza (3.579 euros) y también a la nacional (2.244 euros) lo que evidencia el sobreendeudamiento que existe entre los onubenses.

Una situación que ha llevado a que se incremente el número de embargos judiciales, especialmente en los partidos judiciales de Moguer y Ayamonte, donde el número de embargos ha aumentado durante el último año un 53,33 por ciento y un 37,25 por ciento, respectivamente.

A esta situación se ha llegado porque hasta ayer era un hábito entre los onubenses recurrir a los créditos hipotecarios o de consumo, no sólo para adquirir una vivienda o un automóvil, sino también para comprar un electrodoméstico o un paquete turístico. Es una de las razones a las que acuden los expertos para explicar la situación de asfixia que sufren las familias, especialmente en nuestra provincia.

La principal deuda que los hogares tienen contraída con los bancos viene de la mano de la adquisición de una vivienda (los hogares onubenses destinan ya casi la mitad de su renta al pago de una hiopeteca), a pesar de que son los recibos que más tarde se dejan de pagar cuando no existe liquidez.

De ahí, que los embargos, según diferentes gabinetes de abogados consultados por este períodico tengan su origen en el impago de recibos comerciales no atendidos (de carácter mercantil) o en la falta de atención al pago de determinadas pensiones (de carácter civil, por separaciones o cargas familiares, etc). Aunque desde este ámbito también se asegura (las entidades bancarias se resisten a facilitar datos) que ha sido la subida del precio del dinero lo que ha llevado a que se incrementen los embargos judiciales, especialmente en las zonas de Costa, donde el auge inmobiliario ha sido patente.

Así, según los datos facilitados por la Delegación de Justicia, es el partido judicial de Moguer (que incluye los municipios de Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Niebla y Palos de la Frontera) el que mayor aumento ha registrado, del 53,33 por ciento, al haber pasado de los 90 procesos de 2006 a los 138 del año pasado. Le sigue el de Ayamonte (donde se incluyen las localidades de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, San Silvestre, Sanlúcar y Villablanca) con un incremento del 37,25 por ciento. En el resto, sin embargo ha caído el número de procesos, lo que ha llevado a que durante el último año, la provincia sólo registre un incremento en este sentido del 1 por ciento.

Un porcentaje que se espera que siga al alza, ante los datos recogidos en los tres primeros meses del año, en los que ya se han contabilizado 298 embargos judiciales, más del 28 por ciento de los registrados a lo largo de los doce meses de 2007. En este sentido, destaca la evolución que está presentado el partido judicial de Valverde del Camino, donde el año pasado hubo 50 procesos y en lo que va de 2008 ya se ha registrado el 80 por ciento de esa cifra (40 expedientes). A pesar de no quererlo reconocer con nombres y apellidos, diferentes entidades bancarias admiten que los servicios jurídicos no sólo tienen más actividad sino que además se han tenido que reforzar porque aunque se disponga de un servicio central, los embargos implican un procedimiento judicial que precisan de la intervención de abogados y procuradores (no solo apoderados) que en cierta medida son 'subcontratados' en la provincia en la que se ha originado el proceso.

La situación va más allá, de forma que los bancos antes de conceder un crédito ya exigen desde finales del año pasado una garantía real de pago, por lo que las propiedades patrimoniales ya han dejado de ser el seguro de pago ante las entidades bancarias y es por tanto la presentación de un aval la condición que se exige para conceder el préstamo.