Más de 2.000 migrantes sobreviven en condiciones infrahumanas en los asentamiento chabolistas diseminados por las zonas agrícolas de la provincia de Huelva. Este es el resultado de un informe elaborado por la Mesa por la integración, que aglutina a ocho organizaciones no gubernamentales (ONG), en el que se realiza un diagnóstico de la situación de los campamentos y plantea propuestas para su erradicación.

El informe es una llamada de atención a las administraciones públicas, a los empresarios y a la sociedad en general de "una realidad que se ha ido cronificando". Las ONG han pasado de atender a personas temporeras en las labores agrícolas a otras en exclusión social y con un diagnóstico de intervención mucho más exigente que la mera búsqueda de empleo o vivienda, lo que supone "el fracaso social" de Huelva.

Con los años estos espacios se han convertido en un modo de vida permanenteUna de las peticiones es crear oficinas de mediación para el alquiler de viviendas

Tal es así que, en palabras de Juan Manuel Breva, de Cáritas, "no es fácil encontrar en el territorio español un espacio donde más de dos millares de personas se ven abocadas a vivir en asentamientos chabolistas con unas deficientes condiciones de vida".

El estudio es la constatación de una realidad que se viene denunciando desde hace años, mientras la situación de los campamentos se ha convertido en endémica con migrantes y familias enteras que no encuentran las condiciones necesarias de acogida ni de establecimiento para poder trabajar. De ahí la necesidad de hacer este llamamiento según Mónica Montaño, de Fecons, porque "se están vulnerando derechos humanos que en pleno siglo XXI no se pueden consentir".

El informe constata que inicialmente los asentamientos estaban vinculados directamente a la estacionalidad de la campaña agrícola y desaparecían con el final de la misma, pero con el tiempo se han convertido en un espacio de vida permanente, o semipermanente, para un "importante número de personas".

En este tiempo se ha observado una evolución en la construcción de las chabolas y en muchos casos se ha pasado de una estructura inconsistente a "una verdadera disposición de vivienda", tanto en el aspecto material como en el sentido de pertenencia a un espacio físico. Según la Mesa, hay personas que llevan residiendo en estas condiciones desde hace más de cinco años.

Los campamentos están ubicados tanto cerca de los núcleos urbanos como lindando en los campos de producción, pero en ambos casos comparten su escasa integración social en el municipio en el que se encuentran asentados. "Por su precariedad y carencia total de condiciones y de seguridad, los asentamientos son un verdadero espacio de segregación urbana y de exclusión social, convirtiéndose en enclaves de frustración y desesperanza colectiva para sus habitantes", indica el informe.

Los países que se encuentran más representados en los espacios de chabolas con Ghana, Malí, Marruecos, Rumanía y Senegal y la edad mayoritaria de las personas asentadas está entre los 18 y 45 años, salvo el caso de algunos menores acompañados de sus familias.

Destaca la presencia de un número importante de familias rumanas temporeras que desde hace unos años llegan "puntuales" a la campaña agrícola del municipio de Lucena del Puerto. Las ONG indican que han llegado a contabilizar 360 personas el pasado año, de las cuales 300 eran adultos y 60 menores.

Las mayoría de las personas que viven en los asentamientos son hombres, pero al mismo tiempo que éstos se han ido perpetuando, ha comenzado a darse la presencia de mujeres, bien sean acompañadas por sus parejas, por sus familias o solas.

La cifra de los residentes en las chabolas es muy variable pero aumenta durante las campañas de recogida de las diferentes frutas. Aunque la Mesa por la Integración no tiene un número oficial, estima que durante la temporada de recolección de migrantes alcanza los 3.000. Entre las causas que motivan las migraciones destacan razones económicas, pero también razones sociopolíticas como la huida de conflictos bélicos y religiosos o ser refugiados políticos.

La mitad de los habitantes de los asentamientos irregulares tienen un nivel educativo bajo, la otra mitad sí han conseguido finalizar los estudios primarios, y la presencia de personas con un nivel educativo superior es mínimo, destacan en su informe estas entidades.

Se estima que el 70% de los residentes tienen su situación administrativa regularizada en España, mientras que el 30% se encuentra en una situación administrativa irregular. Sin embargo, muchos de ellos cumplen todos los requisitos, excepto el contrato de un año, para acceder a la autorización de residencia.

Del 7% de personas con la documentación regularizada, tan sólo el 10% consigue tener un empleo durante 7-12 meses al año. Alrededor del 48% logra un empleo de entre 4-6 meses.

Las ONG consideran que "cada vez se alargan más las campañas agrícolas", por lo que estos inmigrantes viven más tiempo en la provincia y se están encontrando con nuevas variables como la prostitución, la dependencia, el alcoholismo o los problemas de salud mental.

Las asociaciones no entienden que a las campañas agrícolas vengan personas contratadas en origen y no se hayan hecho esfuerzos para contratar a estas personas que viven ya en la provincia en estos campamentos y darle unas condiciones dignas. "No parece lógico que traigan a gente de otros lugares y no se regularice a los que ya están aquí", apuntan.

Por ello, solicitan a los órganos competentes en esta materia que se establezcan medidas con "carácter de urgencia para facilitar el acceso al empleo de las personas extranjeras que ya se encuentran en España".

La Mesa de la Integración demanda "una implicación real" de las administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales en la búsqueda de soluciones "efectivas, duraderas e integrales, calendarizadas y dotadas de presupuesto", unas administraciones que "no han cumplido nada de lo que venimos exigiendo durante todos estos años".

Así, reclama una serie de peticiones entre las que destaca la creación tanto de una mesa intersectorial en el que participen todos los agentes implicados, como de un plan que haga frente a las dificultades de las personas que se encuentran en los asentamientos, y que esté calendarizado a corto y medio plazo y dotado de presupuesto para poder ser llevado a cabo.

Una de las peticiones es reforzar y establecer cauces para garantizar que se cumplan los derechos de acceso a la atención sanitaria, a la inserción laboral, a un alojamiento digno y derecho de disfrutar de un servicio de orientación jurídica, así como garantizar el empadronamiento de todas las personas en el sitio donde residen, una petición que realizan a los ayuntamientos.

También que cesen los desalojos, dando alternativas como la creación de albergues o de módulos prefabricados que faciliten el alojamiento de los temporeros; crear oficinas de mediación para el alquiler con el fin de facilitar viviendas a los mismos y crear para los menores un programa específico que aborde de manera integral la problemática que presentan estos perfiles que son más vulnerables. Igualmente, pide dotar a la Oficina de Extranjería de Huelva de los medios necesarios para que puedan los profesionales mejorar su labor sobre todo en momentos álgidos de campaña.

Otra de las peticiones es que las administraciones lleven a cabo la limpieza de las zonas en las que se encuentran los asentamientos; la instalación de contenedores o cubas; el acceso al agua corriente; la instalación de aseos-baños en los campos de trabajo; la creación de módulos de vivienda dignos cerca de los pueblos; líneas de transporte entre los campos y los municipios; la creación de comedores en las empresas grandes y la elaboración de protocolos de emergencia contra incendios.

Las organizaciones dejan claro que todas estas personas vienen porque hay trabajo y lo que no se puede consentir es que se les ofrezca un empleo sin recursos para su dignidad. Inciden en que las condiciones de vida inhumanas e intolerables en la llamada sociedad del bienestar inciden en procesos de vulnerabilidad social en todos los casos y en verdaderas realidades de exclusión social en muchos de ellos, y además es "una vergüenza ofrecer esta imagen de una vida tan indigna".

Integran la Mesa por la Integración la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asnuci, Cáritas Diocesana de Huelva, Codenaf, Fecons, Huelva Acoge, la Federación Andalucía Acoge y Mujeres en zona de conflicto.