"La ejecución de las sentencias y resoluciones firmes forma parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, si bien constituye uno de los agujeros negros que presentan los juzgados y tribunales, ya que esta materia continúa siendo preocupante año tras año ante el elevado número de ejecutorias pendientes". Con esta contundencia habla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su Memoria 2017 de las sentencias por ejecutar, que en Huelva llegaron a ser 30.724 a fecha de 31 de diciembre. Y el asunto se ha agravado, pues significan un 1,3% más que en la misma fecha de 2016.

Los 41 órganos judiciales de la provincia no dan abasto. Ingresaron el año pasado 67.438 ejecutorias, un 1,4% menos que doce meses antes, pero no tuvieron capacidad para resolver las de nuevo ingreso. De hecho, las sentencias completamente ejecutadas fueron 67.286, 152 menos de las incorporadas.

Ocho de cada diez ejecutorias pendientes proceden de la jurisdicción civil: 24.487, que corresponden al Juzgado de Familia, al Mercantil, al de Violencia sobre la Mujer, a los seis de Primera Instancia de la capital y a los 14 Mixtos de Ayamonte, Moguer, Aracena, La Palma y Valverde. Son 834 más que un año antes. Han crecido un 3,5%. La tendencia de los órganos civiles de Huelva es, por tanto, contraria a la andaluza, donde la pendencia de asuntos en ejecución se ha rebajado un 2% de media. "Hay que anticipar la dificultad de mantener en el tiempo ese loable esfuerzo resolutivo", remarca el TSJA, "dada la infradotación de medios personales y materiales existente". Los de Huelva ya están dando buena cuenta de ello.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario lo consideran "una barbaridad" y apuntan a las cláusulas abusivas relacionadas con los contratos hipotecarios como factor principal del atasco en las ejecutorias.

En la misma línea, el decano de los jueces de Huelva, José Manuel Borrero, explica que "es complicado cerrar definitivamente un caso en el que hay un deudor y una hipoteca de por medio, porque hasta que el deudor pague pueden pasar diez años". Y los procedimientos, entre tanto, siguen abiertos. Los farragosos asuntos de embargo, por ejemplo, son responsables de buena parte de la congestión que padecen los juzgados que llevan asuntos civiles.

Aquí también aparecen "las multas o las sanciones, porque ahora vete a buscar a una persona insolvente para que haga frente a ellas, y como esto, con todo", observa Borrero.

Sólo los seis órganos de Primera Instancia de Huelva acumularon el ejercicio pasado 11.112 sentencias por ejecutar. Son el 45,4% de todas las civiles pendientes y un tercio de todas las de la provincia. Si estos datos son relevantes, más lo son que al cierre de 2016 las ejecutorias abiertas eran 9.884. Es decir, que en sólo un año han aumentado un 12,4% en los órganos de Primera Instancia de la Alameda Sundheim. Aquí está, no hay que olvidarlo, el Primera Instancia 6 Bis, que desde junio pasado ha asumido las cláusulas abusivas, que delegará este año en el venidero Primera Instancia 8.

En el orden civil, las ejecuciones de sentencias que no se han cerrado han crecido un 9,9% en el Juzgado de Familia (925), un 12% en el Juzgado de lo Mercantil (144) y un 37,4% en el de Violencia sobre la Mujer (191).

En volumen, son los 14 órganos judiciales de los pueblos los que más sufren este retraso en la ejecución de sentencias. Clausuraron 2017 con 12.115, prácticamente la mitad del orden civil, con "un atasco especialmente relevante en Ayamonte, porque en los de los pueblos más pequeños es más fácil ejecutar que en un partido tan grande y sobrecargado", apunta el decano de la judicatura de Huelva. Sin embargo, son estos órganos de Primera Instancia e Instrucción los únicos de toda la jurisdicción que consiguieron rebajar algo la pendencia de asuntos en ejecución, un 4,5% concretamente.

Para poner freno a esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía propone la "puesta en marcha de servicios comunes de ejecución", al considerar que es "casi con toda probabilidad, la medida que puede resultar más efectiva de cara a reducir esa elevada pendencia de ejecuciones".

También se incrementaron estas en los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Fueron 185 el año pasado, un 14,2%. Borrero, que además es titular del Contencioso 1 de Huelva, indica que "hay, por ejemplo, muchos ayuntamientos que todavía deben dinero, y por más que tengan intención de pagar, hasta que no lo hacen no se pueden cerrar esos procedimientos".

Las sentencias que todavía no se han podido llevar a término completamente en el orden laboral fueron 735. Pese a la sobrecarga de los tres juzgados de lo Social de Huelva, la reducción fue del 16,8%.

El mismo comportamiento se refleja en la jurisdicción penal, con un decrecimiento de la pendencia en la ejecución del 12,7%, si bien se mantienen abiertos 4.761 procedimientos. El 72% de ellos proceden de los cuatro juzgados de lo Penal de Huelva.