La titular del Juzgado de lo Penal 3 de Huelva, Estela San José, suspendió ayer la celebración de la vista oral prevista para el caso por el que está procesado el exsecretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) Francisco García Medel, cuya acusación se centra en el "acoso y derribo" al que supuestamente sometió al inspector Emilio Fernández, quien en 2008 dirigía el Grupo IV de la Policía Judicial de Huelva y que ordenó la detención de varios policías nacionales por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer.

El motivo de la suspensión, que se comunicó a las partes ayer mismo antes de que se iniciara el plenario, se basa en un defecto de forma del auto de apertura del juicio oral emitido el 30 de junio de 2014 (hace casi cuatro años) por el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, que investigó el caso. En dicho documento se requería a García Medel y al SUP que prestaran una fianza de un millón de euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas del juicio. Sin embargo, el magistrado del Instrucción 5, Javier Romero, no ordenó que se les notificara tanto al SUP como a la Dirección General de la Policía la posibilidad de su personación en el procedimiento como responsables civiles subsidiarios, algo que deberá hacer ahora, una vez que el Penal 3 le ha devuelto el caso.

Esta vicisitud significa una nueva demora en un procedimiento que se inició con la denuncia del inspector Fernández hace ya ocho años. Los letrados del despacho Martínez de las Heras, que ejercen la acusación particular -en solitario, sin la Fiscalía-, calculan que no se producirá un nuevo señalamiento del juicio, al menos, hasta dentro de seis meses, "pero podríamos llegar al año". Todo depende de la sobrecarga del Instrucción 5 para emprender el trámite. Luego tanto el SUP como la Dirección General de la Policía tendrán que personarse y elaborar los pertinentes escritos de acusación o la solicitud de absolución.

En el escrito de calificación de la acusación particular se refiere que fue a partir de las detenciones de policías por violencia de género cuando Medel "inicia una campaña de desprestigio del denunciante y con un objetivo de conseguir su destitución", proponiendo su cese primero al entonces comisario de la Policía Nacional en Huelva, Miguel Rodríguez Durán, y luego ante la Unidad de Coordinación Operativa Territorial. Al no conseguir su supuesto objetivo, recurrió a la prensa local y a la publicación periódica nacional del propio SUP en lo que la acusación denomina una "campaña de acoso" que ha tenido serias secuelas para el inspector Emilio Fernández, quien debido a ello estuvo de baja entre 2009 y 2014 y que a día de hoy todavía padece un trastorno depresivo mayor y un trastorno mixto ansioso depresivo.

Los letrados piden para el exsecretario del SUP en Huelva cuatro años de prisión por un delito continuado contra la integridad moral y de lesiones, otros dos años de cárcel por un delito de calumnias y multa de 5.040 euros, amén del alejamiento durante cinco años de la víctima por un delito continuado de injurias graves con publicidad, a lo que suma la "agravante de prevalerse del carácter público del cargo que ostentaba como dirigente sindical". El inspector reclama además una indemnización de 750.000 euros a Medel, al SUP y a la Dirección General de la Policía.