Huelva

Los pozos ilegales de La Borrachuela llevan al banquillo a seis empresarios

  • La Fiscalía pide para cada uno de ellos tres años y diez meses de prisión por un delito contra los recursos naturales

Seis empresarios vinculados a la macrofinca La Borrachuela, de 150 hectáreas y ubicada en la cabecera del arroyo de la Rocina, en Almonte, se sentarán el miércoles de la semana que viene ante el titular del Juzgado de lo Penal 3 de Huelva para rendir cuentas por la presunta extracción ilegal de agua del acuífero 27, que abastece al espacio natural de Doñana y de vital importancia para su supervivencia. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de prisión de tres años y diez meses por un delito contra los recursos naturales, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía de Medio Ambiente onubense, al que ha tenido acceso Huelva Información.

En el escrito de calificación, el fiscal delegado, Alfredo Flores, detalla que dicha explotación agrícola está sometida a la lógica limitación para obtener agua subterránea, al localizarse en la zona II del Plan de Ordenación del Territorio de Doñana. "Las empresas explotadoras han estando utilizado agua subterránea del acuífero 27 para sus respectivas actividades agrícolas, sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que ampare dicha extracción ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan". Los hechos acontecieron, ni más ni menos, que a lo largo de tres años, entre 2009 y 2012.

Las tres empresas implicadas abonarían 24.000 euros en multas y una indemnización

Entiende el Ministerio Público que se ha producido una detracción "ilegal y sistemática de agua" que implica una "alteración del balance hídrico del acuífero". Y esto, afirma, ha generado un "grave daño" tanto al espacio protegido de Doñana como a las especies que alberga, haciéndolo además "de forma abusiva y sin control alguno, al no disponer de autorización administrativa para ello".

Flores evidencia la especial vulnerabilidad del parque nacional y su entorno, que necesitan nutrirse del acuífero para poder subsistir. Por ello la CHG tiene que dar el visto bueno a las captaciones y balsas de riego existentes y controlar de forma exhaustiva el caudal ecológico, de modo que las extracciones de agua nunca sea superiores a la capacidad del acuífero.

Tres empresas están implicadas en este procedimiento contra la extracción ilegal de agua en La Borrachuela. La primera de ellas extiende sus dominios en 50 hectáreas de terrenos almonteños, de los que dedicaba en el plazo investigado unas siete al cultivo de frambuesa y otras tres a los arándanos. En ella se localizaron cuatro pozos, aunque sólo dos estaban en funcionamiento. Tienen motobomba sumergida y, "según se refirió por la empresa, estaban en trámites de legalización, si bien se construyeron hace 20 años", observa el fiscal. Una balsa se nutre, además, de sendos pozos.

En la segunda explotación investigada, de 49 hectáreas, seis se empleaban en la siembra de frambuesas. Entre 2009 y 2012 albergaba cuatro pozos en activo, con motobomba sumergida, amén de una balsa "en trámites de legalización, según se refirió por el encargado de aquella, si bien la construcción data de hace 20 años". Sólo uno de los pozos tenía autorización para sacar agua para uso doméstico, aunque carecía de contador de la CHG.

La tercera finca en liza, de 40 hectáreas, destinaba unas siete también al cultivo de la frambuesa. Aquí se localizaron tres pozos a pleno rendimiento y una balsa, "estando según se refiere por un trabajador de la finca en trámites de legalización".

En este trío de explotaciones agrícolas de La Borrachuela, el cálculo del agua detraída realizado por el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR) fue "muy inferior" a los datos proporcionados por estas sociedades. Es decir, que consumían más todavía de la media estimada.

La Fiscalía de Medio Ambiente observa que en el informe de piezometría de la CGH sobre del acuífero Almonte-Marismas se concluye que en el año hidrológico 2010/2011 la tendencia del acuífero era negativa, una situación "que genera motivo de preocupación, dado que a pesar de las lluvias, algunos niveles piezométricos no se recuperan en relación con los niveles de comparación". Esto hizo que se catalogara la situación de prealerta, "poniéndose de manifiesto que la disminución del piezómetro no sólo está afectada por el factor precipitación, sino que aún persisten, entre otros, el efecto de las detracciones de agua más allá del balance hídrico".

Un informe pericial realizado por el jefe del Servicio de la Comisaría de Aguas de la CHG -sobre los caudales extraídos y el beneficio económico obtenido por los acusados- determinó que los tres empresarios administradores de la primera finca obtuvieron -en base a los cálculos de la acusación pública- un beneficio de 18.427 euros por la extracción ilegal del agua; el empreasrio de la segunda explotación agrícola, de 14.831 euros; y los dos vinculados a la tercera, de 15.494 euros.

El lucro, no obstante, según las bases establecidas en el Real Decreto de Dominio Público Hidráulico, ascienden a 32.734 euros en el primer caso; 24.551 euros en el segundo y 24.551 euros en el tercero.

Como medida cautelar, se ordenó primero el precinto de los pozos, aunque posteriormente se limitó a la colocación en los mismos de contadores que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil revisa periódicamente.

La Fiscalía entiende que los acusados y las empresas implicadas en el asunto son coautores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, causando perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales o, en su defecto, de un delito continuado de distracción de aguas. Por ello solicita al juez que imponga a cada uno de ellos tres años y diez meses de prisión, multas de 12.000 euros y las costas. Las tres empresas deben abonar sanciones de 24.000 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil los procesados y sus respectivas sociedades deben indemnizar a la CHG, aunque en el escrito de acusación no se precisa la cantidad.

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