Huelva

El juez pide explicaciones al fiscal por el archivo de los cursos de formación

  • El magistrado ve "injustificado" el cambio de criterio del Ministerio Público onubense

Funcionarias del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, del que es titular el magistrado Javier Romero. Funcionarias del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, del que es titular el magistrado Javier Romero.

Funcionarias del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, del que es titular el magistrado Javier Romero. / canterla

El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero, que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación para desempleados -subvencionados por la Junta de Andalucía- en la provincia onubense, ha pedido explicaciones a la Fiscalía por solicitar el archivo del caso. En una providencia fechada el 30 de abril a la que ha accedido Huelva Información, el magistrado remite la causa "al superior jerárquico del fiscal" para que informe si finalmente sostiene o no la acusación en la pieza principal de la formación en Huelva. Le da un plazo de diez días para que se pronuncie.

Romero considera que la postura del Ministerio Público está "injustificada", máxime cuando "meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados", que están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En el listado de imputados figuran siete personas: el que fuera delegado de Empleo en Huelva y director provincial de SAE, Eduardo Muñoz; el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación para el Empleo, J.A.G.F.; el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, M.M.V.C.; los técnicos de la Comisión de Valoración C.V.A. y E.G.M.D.V.; y la persona encargada de la justificación económica de las subvenciones, A.M.G.A.

La Junta de Andalucía, que es parte acusadora, también ha solicitado el sobreseimiento

La reacción del titular del Instrucción 5 de Huelva no se ha hecho esperar, después de que el pasado 24 de abril la Fiscalía onubense remitiera un informe, según señala el magistrado en la providencia, "en el que, cambiando el criterio mantenido hasta entonces, solicita el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que los hechos imputados a los investigados no son constitutivos de delito".

Javier Romero destaca que durante más de dos años "se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de los hechos, primero por el Grupo I de la Sección de Investigación de la Seguridad Social -perteneciente a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Ucdef)- de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, y después por este juzgado, dando cumplida información de todos los trámites y diligencias al Ministerio Fiscal".

El magistrado agrega en la providencia que, "como colofón a toda la instrucción judicial, y tras los evidentes indicios racionales de criminalidad en los funcionarios de la Junta de Andalucía, en fecha 19 de julio de 2016 se dictó auto de procedimiento abreviado, y pese a todos los recursos interpuestos en su contra, el Ministerio Fiscal, tras cerca de cinco meses de análisis de los mismos, informa que procede la desestimación de los recursos y la confirmación del auto de procedimiento abreviado". Es decir, la Fiscalía se mantenía en el ejercicio de la acusación y se oponía a la desimputación de los investigados.

Por ello ahora el instructor de la pieza principal de los cursos de formación en Huelva entiende que "no se explica cómo, una vez confirmado el auto por la Audiencia Provincial y sin practicar ninguna diligencia de investigación adicional, con el mismo resultado de la investigación judicial, se pida ahora el sobreseimiento de la causa, cuando meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados".

La providencia finaliza con contundencia: "Así pues, considerando injustificado el cambio de criterio del Ministerio Fiscal y entendiendo que, tras las diligencias practicadas, existen indicios suficientes para continuar las actuaciones por un presunto delito de prevaricación y un presunto delito de malversación de caudales públicos, procede remitir la causa al superior jerárquico del fiscal para que informe si finalmente sostiene o no la acusación".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía especifica que tanto la Fiscalía de Huelva como la otra acusación personada en este procedimiento, en concreto la Junta de Andalucía, han solicitado en bloque el sobreseimiento de las actuaciones.

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