Huelva

El exgerente de Emtusa demanda al Consistorio por despido improcedente

  • Juan Ignacio Díaz acusa al presidente de la sociedad pública, el concejal Enrique Gaviño, de someterlo a un "constante acoso laboral" que concluyó con su cese en febrero de 2016

El que fuera gerente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) entre 2013 y 2016, Juan Ignacio Díaz, ha demandado a la sociedad pública -y, en consecuencia, al Ayuntamiento de Huelva- por lo que considera un "despido nulo o improcedente", motivado a su juicio por "razones de acoso laboral o mobbing", del que acusa directamente a quien ostenta la presidencia de Emtusa desde 2015, Enrique Gaviño, concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico en el equipo de Gobierno de Gabriel Cruz. Así consta en la demanda a la que ha tenido acceso en exclusiva Huelva Información, en la que el exdirectivo detalla las supuestas maniobras que desembocaron en su cese en febrero de 2016.

Relata el demandante que su categoría profesional era la de director de empresa, que tenía contrato a tiempo completo y de duración indefinida. Cuando Gaviño fue nombrado presidente de Emtusa en julio de 2015, "este asumió directamente la mayor parte de las funciones que me fueron delegadas por poderes del presidente anterior, habiéndome convertido en un simple directivo con funciones de mando intermedio, pues debía acatar sus decisiones y rectificar las que yo tomaba que no fueran adecuadas a su modo de dirigir".

La vista oral se celebrará mañana en el Juzgado de lo Social 1 de Huelva150.300Euros. Es lo que reclama el demandante si no hay una condena a la readmisión

Díaz entiende que su despido no reúne los requisitos formales previstos en el Estatuto de los Trabajadores, habida cuenta de que "no se me han explicado los motivos del mismo en la sucinta carta que me fue entregada el 16 de febrero de 2016". Y que tampoco se le ofreció la indemnización pertinente ni se le avisó con los tres meses de preaviso que correspondían.

Mañana se celebrará la vista oral en el Juzgado de lo Social 1 de Huelva, en la que el demandante solicita que se interrogue a Enrique Gaviño como representante legal de Emtusa. Este diario contactó ayer con el Ayuntamiento de Huelva, desde donde se declinó realizar cualquier manifestación al respecto.

En el documento el letrado de Díaz reclama al juez que condene a la empresa a la readmisión de su cliente o al pago de la indemnización legalmente prevista, "y todo ello con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido", a razón de 5.370 euros mensuales, "así como a la suma de 16.110 euros correspondiente" a los tres meses de preaviso del despido que la empresa pública, al parecer, pudo incumplir por ordenar su cese fulminante. En total, sólo de salario y preaviso, la suma asciende grosso modo a 150.360 euros.

Díaz argumenta en la demanda que ha sufrido una "premeditada e intencional actitud de acoso laboral a lo largo de siete meses" con la que los responsables "han buscado debilitar progresivamente mi estado psicológico al degradar en lo sustancial el ambiente en mi cotidiana actividad profesional como directivo de Emtusa". El objetivo, afirma, no ha sido otro que "anularme y provocar mi autoeliminación de la organización en la que trabajé".

Pasa a continuación a describir con todo lujo de detalle -a lo largo de 15 páginas- las "actitudes de presión y denigración" que presuntamente sufrió, pero que resume al inicio de la reclamación.

En primer lugar, indica que Gaviño lo desconsideró al relegarlo de su posición, "evitando que participase en reuniones, al no convocarme a ellas". Tampoco mantenía despachos de trabajo con el entonces gerente y evitaba el contacto telefónico con Díaz, que lo acusa además de no facilitarle información o pasarle "informaciones que resultaban evidentemente falsas y que se mostraron nefastas para el cumplimiento del objeto social". En este sentido, alude a la negativa del presidente de la entidad ante sus reiteradas instrucciones de coordinación o convocando, incluso, consejos de administración "aprovechando mi ausencia".

Prosigue Juan Ignacio Díaz que Gaviño lo "manipuló y empujó a posiciones asumibles con dificultad -si no de dudosa legalidad- queriendo hacerme participar de decisiones manifiestamente desproporcionadas, agraviosas y arbitrarias". En este punto recuerda cómo el concejal se empeñó en imponer una sanción grave, que consistía en 15 días de suspensión de empleo y sueldo, a un conductor del que se sabía (porque así lo acreditó un detective privado) que había metido la mano en la caja y al que le correspondía el despido inmediato ante la entidad de los hechos.

En la demanda también se especifica que el presidente de Emtusa lo desautorizó ante la plantilla y que logró "desmerecerme, impartiendo directamente instrucciones a mis colaboradores más directos, los jefes de servicio con que contaba en el organigrama, o solicitarles informes o datos sin participarme a mí tales instrucciones o peticiones".

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