Los empresarios no tienen dudas: el nuevo sistema supone un claro obstáculo a la libre circulación de personas y bienes y una discriminación, por razón de la nacionalidad, respecto a los ciudadanos y empresas de otros estados de la UE, como los españoles. Para argumentarlo, se basan en el hecho de que los usuarios extranjeros de las autovías no tienen acceso a las mismas exenciones y rebajas habilitadas para los empresarios y residentes en el país vecino.

Desde el pasado mes de octubre, cuando comenzó el proceso de implantación de peajes, los usuarios ubicados en un radio de 10 kilómetros de las autovías ahora de pago tienen derecho, si viven en el norte del país, a no pagar en los diez primeros viajes de cada mes, así como a obtener un descuento del 15% en los demás desplazamientos.

Esta medida se interpreta desde los ámbitos empresariales como una contradicción a dos de los elementos clave de la arquitectura comunitaria: el principio de igualdad y no discriminación,  y el derecho a la libre circulación sobre el que se asienta el mercado interior europeo. El actual sistema instaurado por Portugal beneficia -según se apunta desde la FOE y se denunció en su día desde la patronal gallega- a los ciudadanos y empresas portuguesas, mientras que discriminan a unos operadores respecto a otros y ponen en entredicho la libre competencia que preside dicho mercado. "Se podría estar hablando de un claro tratamiento discriminatorio y de competencia desleal", aseguran.