Un plazo de 48 horas han dado los empresarios turísticos de la provincia de Huelva a la Administración para que presenten el plan detallado de actuaciones a realizar en las playas dañadas por los temporales de febrero y marzo, con el fin de iniciar los trabajos de regeneración del litoral de manera inmediata. Indignados salieron ayer los responsables del Círculo Empresarial de Turismo de la reunión mantenida con el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, a la que asistió también el Consejo Empresarial de Turismo, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, tras conocer la información ofrecida por el Gobierno central y la Junta de Andalucía sobre los trabajos de reposición de arena.

El PP asegura que aún no ha recibido la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la extracción de arena del mar que sirva para cubrir el déficit que han producido los temporales, mientras que fuentes del Gobierno autonómico consultadas por Huelva Información sostienen que ha facultado a Costas el comienzo de los trabajos.

El PP se escuda en la Junta para justificar el retraso de los trabajos de reposición

Hace algunas semanas el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció una inversión de 10 millones de euros en la regeneración del litoral, con obras de acondicionamiento y aportes de arena en las zonas de baño de los municipios de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Palos de la Frontera (Mazagón) y Almonte.

Las actuaciones están previstas en distintos puntos de la costa, a lo largo de 12 kilómetros. Las intervenciones debían comenzar de manera inmediata atendiendo a ciertas prioridades, según el delegado, y sin embargo el grueso de ellas no han empezado por la falta de material de reposición para acometer las actuaciones.

El PP afirma, no obstante, que las playas estarán en perfectas condiciones para la temporada de verano, cuyo inicio será el 21 de junio. No son de la misma opinión los empresarios del sector del turismo, que mantienen que la campaña ya ha empezado. De hecho esta misma semana llegarán varios grupos de turistas extranjeros a Islantilla e Isla Cristina. "Se van a encontrar con unas playas que no están en perfectas condiciones", lamentó ayer el secretario del Círculo Empresarial del Turismo, Rafael Barba, lo que va a "dañar la imagen de Huelva". Y todo, a pesar de que habían demandando un plan de prioridades y la actuación de Costas en los puntos vinculados a las plazas hoteleras.

Barba indicó que, según la Consejería, el 90% de los trabajos de regeneración previstos en Andalucía tienen el visto bueno y pueden empezar en cualquier momento, salvo en la zona de la Flecha de El Rompido y en San Jacinto, en la desembocadura del río Guadalquivir.

Los empresarios afirman que se está "poniendo en riesgo no sólo esta temporada turística sino las venideras", a tenor de la percepción que van a tener los turistas cuando lleguen a la costa onubense. "Pedimos a las administraciones que en el plazo de 48 horas aclaren estas circunstancias y que comiencen de forma inmediata y sin demora la regeneración de las playas", espetó Barba, que recordó "los daños económicos que pueden producirse en un sector, como es el turístico, cuya actividad depende de cuatro o cinco meses del año". En su opinión, "estamos ante una situación insostenible que tendría que estar resuelta por ser un asunto que afecta a un sector económico clave para Huelva".

Para Barba, el turismo y las playas no pueden ser una herramienta política, porque esto supone "una temeridad y un despropósito", de ahí que solicite transparencia y un pronunciamiento oficial sobre la situación actual y el plan de actuaciones.

Por su parte, el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE ha puesto de manifiesto "la urgente necesidad de poner en marcha las medidas necesarias, de forma que de cara al próximo verano el litoral pueda estar en perfecto estado de revista". Según la FOE, se trata de una necesidad a corto plazo pero que a la larga exige contar definitivamente con la Estrategia para la Conservación del litoral Onubense, aprobada en febrero de 2014 por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que precisará también del compromiso de distintas administraciones.

Los empresarios turísticos confían en la colaboración institucional de forma que se coordinen "en tiempo y forma y no sea el sector privado el que pueda verse finalmente perjudicado y espera que la Junta de Andalucía pueda dar a conocer qué planes tiene previsto ejecutar".

El Consejo hizo hincapié en la necesidad de recuperar "con carácter de urgencia la imagen y el estado de las playas al ser éstas nuestro principal reclamo en estas fechas y tras los temporales que nos han tenido en primera línea de noticia durante muchos meses".

Abundando en la polémica, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, insistió a la Junta en la necesidad de autorizar los puntos de extracción de arena para que el Gobierno central pueda comenzar las tareas de restauración. Según González, una vez aprobada por el Gobierno la ayuda extraordinaria, el PP espera que la Administración regional "no dilate esta autorización para que los trabajos se puedan realizar con la mayor celeridad de cara a que las playas estén en perfecto estado para el verano".

El dirigente popular informó a las organizaciones empresariales de las acciones previstas por el Gobierno, algunas de las cuales ya han empezado con una serie de obras que forman parte de un primer paquete ya en marcha que contemplan una inversión de 520.000 euros. González aclaró que "si bien las tareas de regeneración son competencia del Gobierno al ser el titular del dominio marítimo-terrestre, la Junta es la Administración competente en cuanto a equipamiento de playas". En respuesta a los ataques del PP, el diputado socialista por Huelva, José Juan Díaz Trillo, criticó "el poco rigor, acudiendo a la mentira" del presidente del PP con el "único afán de enturbiar" al decir que el Gobierno central está a la espera de que la Junta autorice los puntos de extracción, cuando realmente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene esos informes desde el día 27 de abril.