Comienza a vislumbrarse la fumata blanca. El acuerdo adoptado por el consejo de administración de Astilleros de Huelva es válido para poner en marcha la hoja de ruta, el documento en el que la Junta de Andalucía ha plasmado las líneas a seguir por la empresa para garantizar el futuro de la actividad naval en Huelva y Sevilla. Ahora sólo restaría un paso: que el consejo de administración de Astilleros de Sevilla (de la que la empresa onubense es propietaria de un 80% de las acciones) apruebe también la propuesta autonómica.

Ésta sería la penúltima acción para ejecutar un plan que para Sevilla incluye la entrada de nuevos inversores con el objetivo de relanzar el astillero, mientras que para Huelva propone la reestructuración de la factoría y la creación de una nueva sociedad naval, mediante el desarrollo de un concurso de acreedores y la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Con el aprobado por parte de ambos consejos, los propietarios aceptarían finalmente los postulados de la Consejería de Innovación después de tres meses de dura negociación y de rechazar fundamentalmente el cese de la actividad de construcción de grandes buques en Huelva, algo que se ha eliminado del último borrador de la hoja de ruta.

Después de varios ultimátum, los servicios jurídicos y técnicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ratificaban ayer que el acuerdo adoptado el pasado lunes por el consejo de administración de Huelva es válido para la rúbrica de la hoja de ruta, a pesar de contar con el apoyo de sólo tres de los cinco consejeros que votaron la misma y de que estos sólo sumen el 37% del capital social de la empresa. A partir de ahí, remarcan, únicamente es necesario un acuerdo similar en el órgano de gobierno sevillano para poder proceder a la firma del documento.

En el consejo hispalense se espera también la aprobación del convenio, aunque en este caso entra en acción otro propietario, el grupo Contenemar, que cuenta con el 20% de las acciones (además de los sindicatos, que tienen representación). Este grupo se encuentra inmerso en un proceso concursal, por lo que, según advierten fuentes cercanas a la negociación, habrá que poner en conocimiento del juzgado de lo Mercantil cualquier decisión que se tome sobre la atarazana hispalense.

Una vez que Sevilla dé su apoyo, en un consejo que será convocado la próxima semana, la firma del convenio será cuestión de días. A partir de ahí se nombrará un apoderado en Huelva que posteriormente deberá convertirse en administrador único con el visto bueno de la Agencia IDEA. Para ello deberá contar con la aprobación de la junta general de accionistas y la cesión de al menos el 60% de los derechos políticos por parte de la junta (esa es la cantidad marcada inicialmente en la hoja de ruta). No obstante, este último trámite se alargará en el tiempo, ya que la junta general necesita de un periodo de un mes de convocatoria hasta su celebración.

Esta junta se retrasaría, por tanto, hasta finales de enero. A partir de ahí, y de salir adelante el nombramiento del administrador único, éste contará con todos los poderes necesarios para ejecutar cualquier tipo de acción, incluso la liquidación de la compañía onubense. Por lo tanto, hasta dentro de varios meses no se conocerá el futuro definitivo de la factoría, para la que, según la Junta, existe un inversor interesado una vez se libere de toda carga.