Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cumplimentaron el martes en un Consejo de Ministros extraordinario, su primer trámite. Queda el más complejo, el que debe superar en el Congreso de los Diputados, la férrea oposición de casi todos los partidos y conseguir la aprobación de los nacionalistas vascos que, entre amenazas de recursos a sus propios presupuestos y con la línea roja de la aplicación del 155 en Cataluña, no parecen proclives ni tan siquiera a discutir unas inversiones que, por más que justas, suenan a una compra de apoyos.

Apenas dio tiempo a que salieran los primeros datos de la Moncloa, cuando los partidos en Huelva comenzaron a realizar sus primeras valoraciones. El primero de ellos fue el secretario general de los socialistas onubenses y presidente de la diputación, Ignacio Caraballo, quien, en una comparecencia para renovar el convenio que mantiene con la entidad Resurgir, reconoció que no espera "nada" de las cuentas del ejecutivo central. Apenas un día después, la contrarréplica llegó de manos del presidente del PP en la provincia de Huelva, Manuel Andrés González, quien calificó los PGE como "expansivos, fundamentales para dar un paso adelante y son unas cuentas que van a beneficiar a la provincia de Huelva". En este sentido, recordó también que "el Gobierno seguirá apostando por los proyectos clave para Huelva". No obstante, no ofreció ningún dato que sostenga sus esperanzas. Lo que está claro es que uno de los dos se equivoca y que se verá obligado a matizar sus palabras tan pronto como la página web del Ministerio de Hacienda desgranen las inversiones para la provincia.

La rendición de cuentas, especialmente aquella que se traduce en inversiones directas en infraestructuras eternamente retrasadas en Huelva, llega después de una reunión del presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García Palacios, y los dos sindicatos mayoritarios con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado 1 de marzo. Para el próximo jueves, está previsto que el mismo atienda a una petición reiterada en numerosas ocasiones y se reúna con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el propio Ignacio Caraballo, en la misma semana en que los PGE llegarán al Congreso y se conozcan al detalle.

Será entonces cuando Huelva comience a encarar unas partidas que se antojan decisivas después de la más que decepción que supusieron las del año pasado. Las infraestructuras pendientes siguen estándolo, aunque con una situación todavía más grave, ya que acumulan un año más en si inaguantable retraso. De nada valdría tampoco la justificación ofrecida en el pasado ejercicio de que eran unas inversiones para seis meses, porque ni tan siquiera la mitad de las partidas, llegaría a satisfacer mínimamente las necesidades de comunicación de los onubenses.

Y es que la decepción del año pasado todavía es complicada de olvidar. El 4 de abril de 2017, los grandes números del Estado, la apuesta del Ejecutivo por el desarrollo del tren de Alta Velocidad en Huelva, se tenía que conformar con unos más que raquíticos 568.000 euros. Al precio del kilómetro de AVE (18 millones de euros) apenas daba para 31 metros de línea. Lo peor de todo es que ni tan siquiera se llegaron a invertir. Apenas la estación que se inaugurará dentro de unas semanas y que dejará todavía en mayor evidencia que la capital de provincia más cercana a la primera ciudad a la que llegó el AVE, tenga unas conexiones ferroviarias tercermundistas. Entonces se dijo que el 2023 era el año en el que Huelva disfrutaría de la línea de AVE. Apenas a cinco años vista de esa fecha, de no mediar una inversión considerable en ese apartado, parece complicado poder cumplirla.

La entidad que más invirtió en Huelva a lo largo del año pasado, fue la Autoridad Portuaria. A pesar del empeño de los cargos populares por sumar esa cantidad a lo invertido por el Gobierno, hay que aclarar nuevamente que el montante proviene exclusivamente de fondos propios y europeos, que ese dinero no llega de fuera, sino que es lo que genera el Puerto. De hecho, mantener Puertos del Estado le cuesta a Huelva más de un millón anual, a lo que hay que añadir el perverso fondo de Accesibilidad que contempla otra de las infraestructuras vitales y que el año pasado sumó una nueva decepción.

La provincia y sus necesidades de comunicación no pueden pasar un año más en el limbo del olvido por parte de quien debe solucionarlos. Apenas 100 millones de euros en todas las partidas, son claramente insuficientes ya que no tan siquiera darían para adecentar la línea férrea con la capital hispalense. El complejo de esquina debe quedar tan arrinconado como su situación geográfica. Ademas de la línea férrea, la N-435, la presa de Alcolea, las conducciones, la autorización para el trasvase, el aeropuerto y el proyecto Ceus de aviones no tripulados, deben contener partidas suficientes para que no regresen los miedos.