De los más de 2,5 millones de empleados de las administraciones que aparecen reflejados en este boletín estadístico -aunque son muchos más porque algunos, que, por el tipo de contrato o ente no aparecen-, la mayoría, el 51,42%, están adscritos a la administración de comunidades autónomas y el 22,33% lo está a la administración local (ayuntamientos, diputaciones y sus organismos autónomos, cabildos y consejos insulares). Por debajo se sitúan la administración estatal (20,29) y las universidades que suponen algo menos del 6%.

La distribución del personal de las autonomías de cada una de ellas no está especificado. Pero en su conjunto sí se recoge que los porcentajes más amplios son los de la "docencia no universitaria", el 40,59%, y el de las instituciones sanitarias, el 38,28%. Es decir, Salud y Educación son las que más personal movilizan. Las consejerías y sus organismos autónomos en el conjunto del país suponen el 16,18%; la Administración de Justicia, el 2,99; y las fuerzas de seguridad, el 1,96%.

El 59,22% del personas que trabajan en alguna administración pública son funcionarios; el 26,62%, personal laboral, mientras que el resto se reparte entre otras modalidades. La que tiene un menor número de funcionarios es la Administración local (35,8% frente a un 54,82% de laborales), a pesar de que hay servicios básicos que debe prestar (como Policía Local y Bomberos) que teóricamente sólo pueden prestar funcionarios. Por contra, las que más funcionarios tienen proporcionalmente son las comunidades autónomas (62,31%), aunque a diferencia del resto aquí la segunda modalidad más frecuente no es el personal laboral, sino "otros". En las universidades hay un 44,32% de funcionarios y un 50,35% de personal laboral contratado.