La batalla contra los pozos ilegales se salda con 36 sentencias condenatorias

  • La Fiscalía persigue con firmeza los delitos ecológicos en el entorno de Doñana

  • Evitar la esquilmación del acuífero 27, que abastece al parque nacional y su entorno, es el propósito5.350

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Alfredo Flores, muestra en su despacho el mapa de las captaciones del entorno de Doñana. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Alfredo Flores, muestra en su despacho el mapa de las captaciones del entorno de Doñana.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Alfredo Flores, muestra en su despacho el mapa de las captaciones del entorno de Doñana. / alberto domínguez

El agua es un bien esencial para la supervivencia de un territorio único y extraordinariamente delicado como Doñana, donde conviven más de 1.400 especies vegetales y una fauna enormemente sensible, con especies tan frágiles como el lince ibérico. Para su subsistencia requiere aportes de agua superficial y subterránea -calculados en unos 75 hectómetros cúbicos- que proporcionan caudales parciales a lo largo del año y mantienen la existencia ininterrumpida del humedal.

Procede por un lado, pues, de arroyos y ríos (dependientes en parte de una pluviometría cada vez más escasa), pero también del aporte subterráneo del acuífero 27 Almonte-Marismas, de casi 2.500 kilómetros cuadrados, con una zona libre delimitada por las arenas y otra confinada bajo la marisma de gran relevancia medioambiental y humana, puesto que alimenta al parque nacional cuando descarga en sus humedales.

Es básico para la conservación de Doñana, para mantener el complejo equilibrio sobre el alambre de su ciclo del agua, que el volumen total de agua extraída no supere nunca al disponible en el conjunto de la unidad hidrográfica. Para poner freno a la sobreexplotación que padece el acuífero 27 nació el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) en 2004, que prohíbe la extirpación de nuevos recursos hídricos subterráneos salvo para abastecimiento de la población.

La persecución penal de los cambios de uso en el entorno de Doñana ha cumplido ya doce años. Fue en 2005 cuando la Fiscalía Provincial de Huelva se percató del problema, consistente en la transformación de áreas forestales en terrenos de cultivo. Para ello se hace preciso el desbroce y la erradicación del arbolado y la capa vegetal, un atentado directo contra el hábitat que conlleva, además, un incremento de la presión agrícola sobre el acuífero: cuanto mayor es la superficie para el cultivo, más volumen de agua para el riego se requiere.

Ya ha llovido desde aquellas primigenias investigaciones de la Fiscalía (de la mano de los ecologistas, la Guardia Civil, la Policía Autonómica, los agentes de Medio Ambiente, técnicos y funcionarios), que han desembocado en un total de 36 sentencias condenatorias desde 2007 a esta parte, "lográndose al menos acabar con la sensación de impunidad con que se venían realizando por una minoría de agricultores". Así lo hace constar el fiscal delegado de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores, en el documento Algunas cuestiones prácticas sobre los aspectos penales de la extracción ilegal de agua del ámbito del espacio natural de Doñana, ponencia presentada en un reciente encuentro con miembros de la judicatura y la carrera fiscal a la que accedido Huelva Información.

Entre estas sentencias condenatorias rezan algunas tan llamativas como la del caso Avispero, relativo a la finca del mismo nombre de Bonares y por la que la Audiencia Provincial condenó a tres personas por delitos contra la ordenación del territorio y a un agente de medio ambiente por omisión del deber de denunciar delitos.

Dos de estas resoluciones condenatorias se tramitaron en los órganos de Instrucción y se solucionaron por conformidad; otras 28, en los juzgados de lo Penal de Huelva, de las que 18 fueron también por conformidad; y otras cinco condenas fueron impuestas por la Audiencia Provincial después de la presentación de recursos de apelación. Asimismo, en otros once casos los fallos judiciales fueron absolutorios.

Alfredo Flores remarca en el documento que lo más dificultoso en estos delitos es "la ejecución de las condenas pendientes y la restauración de las zonas afectadas". Para más inri, la ejecución es "larga y compleja". Prueba de ello es que en algunos casos, como el del Avispero, "se ha producido la prescripción de las penas de prisión" impuestas a los condenados, plazo establecido en cinco años. Y es que la suspensión o la ejecución de la pena no se hace efectiva hasta que los infractores de la ley no han procedido a rehabilitar la finca y devolverla a su estado rústico original, un proceso fatigoso que precisa de una gran cantidad de informes y de que se presente un adecuado plan de restauración.

El panorama en materia de infracciones del Potad y de extracción ilegal de agua, refiere el fiscal, ha empeorado con la nueva regulación del plazo de prescripción de la responsabilidad civil.

En esta suerte de balance del Ministerio Público se destaca además la mengua notable de los delitos de desobediencia por incumplimiento de las órdenes de paralización de la Administración o de los juzgados en relación a los cambios de uso. Sin embargo, también han acontecido situaciones en las que "gente se ha emperrado en que no, que no y que no y, por lo menos en dos casos, tenían penas que eran de seis meses y al final han tenido que entrar en prisión porque no les ha dado la gana de restaurar", indicó Flores a este diario.

La Fiscalía de Huelva recepcionó -de parte de la Fiscalía de Sala- entre finales de 2014 y principios de 2016 un total de nueve borradores de querellas contra particulares y empresas por delitos ecológicos que significaban un riesgo grave para el buen estado del acuífero 27. Todas las querellas, excepto una, afectan a fincas situadas en las zonas donde el estado del acuífero es más delicado: Matalagrana, arroyo de la Rocina y arroyo de La Cañada. Como medida cautelar se solicitó a los juzgados de La Palma del Condado el cierre de las captaciones-sondeos, que sustituyó el cierre por la obligación de los investigados de instalar en su pozo o sondeo un contador que controle el nivel de agua extraído, al tiempo que ordenaba al Seprona verificar que no había otras vías de extracción de agua.

En paralelo, el Ministerio Fiscal onubense formuló una decena de denuncias entre 2013 y 2015 ante los juzgados de Moguer en asuntos de fincas donde ya se habían juzgado los delitos de daños contra la ordenación del territorio pero no los de extracción de agua constatados por el Seprona.

Flores concluye que "queda un largo camino por recorrer para contribuir desde el ámbito penal a un correcto uso y gestión del agua de riego en el entorno de Doñana, pero el trabajo realizado nos permite pensar que avanzamos en la dirección correcta".

A la vuelta de la esquina están juicios como el de La Borrachuela, que se juzgará el próximo 29 de noviembre en el Juzgado de lo Penal 3 de Huelva. El mismo día, además, se celebrará en la Audiencia la vista del recurso de apelación del pozo del Avispero.

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