Ni las condiciones del bar-cafetería eran insalubres ni hubo un trato deficiente a los usuarios ni se causaron desperfectos en las instalaciones. Ni tan siquiera se ha provocado un retraso en la licitación del nuevo contrato para el servicio. La empresa concesionaria hasta julio pasado en el Centro Social Cristina Pinedo rechaza con este desmentido las acusaciones realizadas por componentes de la junta directiva del Club de Pensionistas Cristina Pinedo, que hace mes y medio hicieron públicas sus quejas por el servicio anterior, al tiempo que reclamaban su restablecimiento inmediato.

La empresa ha barajado desde entonces llevar a los juzgados las acusaciones vertidas en este periódico por miembros de la directiva del colectivo de mayores por el daño que puede causarle a su trayectoria, vinculada a la prestación del mismo servicio en otros dos centros públicos de la provincia onubense en la actualidad.

La empresaria lamenta que su plantilla haya recibido "palabras no adecuadas" de asociados

Precisamente a esta vinculación apela la máxima responsable de la empresa para defender su gestión, ya que su condición de adjudicataria de la Administración la somete a un "control más exhaustivo". "Son muy intensas las inspecciones que debe pasar cualquier establecimiento de estas características, y son aún mayores en el caso de servicios prestados en centros públicos", explica la empresaria, que prefiere no revelar su nombre.

Su empresa -cuenta acompañada por su abogado del bufete Macías de la Corte y Asociados- logró la adjudicación del bar del Cristina Pinedo el 28 de agosto de 2014. Tras acondicionar las instalaciones, abrió sus puertas el 22 de enero de 2015 y dejó de prestar servicio el 22 de julio de 2017, al decidir no renovar la concesión "y comunicar con cuatro meses de antelación que no quería seguir".

No era por las cifras de negocio. Asegura que nunca ha tenido problemas con su viabilidad, y que hasta el momento de su cierre ofrecía entre 350 y 400 desayunos diarios y de 80 a 100 comidas. "No es cierto que no viniera nadie, como dice el presidente de la asociación", y muestra imágenes de fiestas y otros eventos organizadas en el bar para los mayores del centro.

Los puntos de fricción, asegura, fueron varios "desde el primer momento". Uno de ellos, el trato preferente que pedía la directiva para sus asociados, lo que, asegura la empresaria, y confirma su abogado, contravenía los términos de la adjudicación. "El contrato hablaba de usuarios y no de socios. Debía estar abierto el bar a cualquier persona de fuera, sin distinciones. Y a pesar de eso les ofrecí pequeñas rebajas en el café y en los menús, pero no lo quisieron aceptar".

Aunque lo que más rebela a la empresaria son las denuncias de mala atención al público, cuando, asegura, se produjo realmente de algunos de ellos hacia sus empleados. Su empresa, señala, tiene la catalogación de centro especial de empleo, con un 80% de la plantilla compuesta por personas con discapacidad. Entre los seis (o siete, según temporadas) empleados en el bar del Cristina Pinedo, "todos menos uno tenían distintos tipos de discapacidad y se dirigían a ellos con palabras no adecuadas". Ese trato que se limita a calificar de "inadecuado" era extensible, añade la empresaria, también a la condición de mujer de ella misma y la mayoría de sus trabajadoras, y de extranjeras, algunas de ellas.

"Recibimos inspecciones periódicas de Sanidad en todos los centros, tenemos mucho cuidado con los clientes, y aparte aplicamos un sistema de autocontrol muy riguroso. Nunca hemos tenido ningún problema, ni en éste ni en ninguno de los otros centros en los que seguimos dando servicio", asegura la empresaria, que destaca la interlocución constante con la Junta de Andalucía como Administración encargada de licitar la concesión del servicio en 2014.

Al jefe de servicio encargado de la tramitación de este contrato, explica, le entregó las llaves de las instalaciones en el mismo centro al finalizar su concesión. "Cuando llegué no había nada. Éste es el único centro que no tenía inventariado ningún bien e incluso tuve que hacer algunos arreglos. Pero cuando me fui, me llevé lo que era mío y lo dejé todo como estaba. Si no fuera así me habrían dicho algo entonces", alega mostrando fotos del local antes y después de su paso.

Aunque la empresaria dice que ha estudiado interponer una denuncia, ahora sólo pretende "desmentir, no atacar a nadie". Pero insiste en que la denuncia es parcial e interesada de los componentes de la directiva del colectivo de mayores por no mantener el statu quo anterior a agosto de 2014, con un concesionario que se llevó en el centro 20 años.