La Fiscalía de Huelva ha solicitado dos años y once meses de prisión, una multa de 8.400 euros y la inhabilitación para el abogado onubense A.O.P., al que acusa de falsear una serie de facturas -cuyo pago le reclamaba una empresa de cocinas- y de presentarlas en el escrito de contestación a la demanda "con el único objetivo de engañar al juez de instancia y perjudicar al actor civil y que el mismo dicte una sentencia favorable a sus propios intereses". Así consta en el escrito de calificación de la acusación pública, al que ha tenido acceso en exclusiva Huelva Información y en el que el fiscal concreta que el letrado en cuestión ha podido incurrir en delitos de falsedad en documento mercantil y de presentación en juicio de documento falso.

Según el relato del Ministerio Público, A.O.P. requirió los servicios de la empresa de cocinas en 2008, cuando se encontraba construyendo su casa. Aunque abonó parte del coste del servicio (carpintería, básicamente), acabó presuntamente dejando a deber un total de 38.674 euros. Ante el impago de esta cantidad, la mercantil interpuso una demanda contra su cliente ante el Juzgado de Primera Instancia 4. "En el escrito de contestación a la demanda, A.O.P. como demandado y valiéndose de su calidad de abogado (personado como tal en la causa) aportó un presupuesto y una factura emitidos presuntamente por la empresa", que denunció automáticamente su falsedad.

Dos periciales constatan que los sellos de los documentos no eran los originales

Dos periciales, remarca el fiscal, prueban el fraude. Por un lado, una de parte elaborada por Juan Hellín, "que analiza detenidamente el sello y la tinta y concluye que el sello húmedo que aparece en la factura y presupuesto difieren del original de la mercantil"; y de otro lado, la realizada por la Policía Científica, "que llega a la rotunda conclusión de que se trata de sellos no originales".

El Primera Instancia 4 estimó en parte la demanda de la empresa y condenó al letrado a abonar la cantidad reclamada por los servicios prestados, aunque la sentencia ha sido recurrida por el procesado y no es todavía firme.

En el escrito de acusación se refiere que en este caso "se ha creado un presupuesto que sirve de apoyo a la posterior factura, ambos creados ex novo por medios informáticos, siendo el autor de la misma un sujeto distinto a la empresa, cuya emisión se le ha tratado de imputar en juicio por el encausado y cuya creación no responde al fin objetivo de dicha factura". Según el fiscal, "tiene un ánimo puramente defraudatorio, para intentar justificar el pago de una serie de trabajos realizados en la vivienda privada del denunciado". Por ello le atribuye la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil.

El Ministerio Fiscal destaca que lo pretendido por A.O.P. era que el juez civil dictara "una sentencia favorable a sus propios intereses, realizándose tal acción en calidad de parte y de abogado", puesto que se defiende a él mismo en el procedimiento, "constatándose por lo tanto el conocimiento que el encausado tenía como abogado de que los documentos aportados a juicio eran falsos".

Por el delito de falsedad en documento mercantil la Fiscalía pide que se le impongan dos años y seis meses de prisión y una multa de 6.000 euros. Por el segundo, el de presentación en juicio de documento falso, la acusación pública interesa la imposición de otros cinco meses de reclusión y multa de 2.400 euros, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado durante el tiempo de la condena y el pago de las costas de la acusación particular.