Urbanismo, justicia y prisiones centran la cuarta parte de las quejas al Defensor

  • En 2015 se iniciaron 241 quejas relacionadas con la provincia La capital onubense es la que aglutinó un mayor número de expedientes

Un total de 241 quejas iniciadas el pasado año 2015 en el Defensor del Pueblo Andaluz estaban relacionadas con la provincia de Huelva, según consta en el informe anual de esta institución. De ellas, una cuarta parte se centraron en asuntos relacionados con el urbanismo (26 quejas), administración de justicia (18) y prisiones (18). Ya con un menor volumen se sitúan materias como salud, con 17 quejas, educación, con 16, o menores, con 15.

Concretamente, el pasado año un 9% del total de 28.777 personas que acudieron al Defensor en la comunidad fueron onubenses, lo que supone un porcentaje mayor que el del peso poblacional que tiene Huelva en la región (un 6%). Esto supone que se hace un uso mayor de esta institución que en otras provincias.

De las quejas iniciadas relacionadas con Huelva, un total de siete fueron de oficio, mientras que las 234 restantes fueron a instancias de las partes. Los firmantes en estas últimas ascendieron a 260 personas. En cuanto a los municipios objeto de las quejas, la capital onubense es la que aglutina un mayor número -algo lógico si se tiene en cuenta que es la de mayor población-, con un total de 74. Le sigue Cartaya, con 28, una cifra bastante superior a la de otros municipios incluso con mayor población, como puede ser Almonte, que tiene 11. Otras 39 se referían al ámbito provincial en general.

El volumen de quejas gestionadas por esta institución es mayor al de las iniciadas, ya que generalmente siempre hay asuntos que provienen de años anteriores. Concretamente, en 2015 se gestionaron 357 quejas relacionadas con la provincia onubense. En cuanto a las materias, vivienda se situó como el área que concentró un mayor volumen, con un total de 37 quejas gestionadas, seguida del urbanismo, con 30, de menores (23) y prisiones, administraciones tributarias y consumo (las tres con 22 cada una).

En cuanto a las consultas al Defensor, Huelva fue la provincia andaluza donde se plantearon menos, con un total de 300, cifra que supone el 3,21% del total en la comunidad.

El informe del Defensor también resume algunas de las principales cuestiones abordadas en las distintas provincias, detallando tanto los motivos de la actuación como las resoluciones adoptadas o la situación del asunto. En el caso de Huelva, cita asuntos como, por ejemplo, la queja sobre el estado de abandono que sufren las instalaciones de la antigua cárcel provincial onubense, que fue declarada Lugar de la Memoria Democrática en 2013. Según indica el Defensor en su informe, el estado de este edificio es "ruinoso" y el proceso de destrucción y deterioro "no ha tenido una respuesta que impida este resultado ruinoso y de absoluto expolio". Esta institución afirma que continuará analizando la cuestión junto al Ayuntamiento de Huelva y la Consejería de Cultura para "intentar encontrar las medidas coherentes de protección y respeto que deben merecer estas singulares ubicaciones que se relacionan con la Memoria Democrática en Andalucía".

En relación al área de Salud Pública, el documento recoge el trabajo que, desde hace años, realiza el Defensor en orden a determinar si es cierta la existencia de un mayor riesgo para la salud de la población de las áreas de Huelva y Campo de Gibraltar, debido a las mayores tasas de afectación por cáncer en relación a otras zonas de España, y verificar si dicho riesgo es consecuencia o no de factores ambientales vinculados a la concentración industrial en ambas zonas. Tras conocer y analizar los resultados de los estudios individualizados que la institución encargó a la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), indica que, pese a la complejidad técnica del asunto, "ha quedado suficientemente acreditada la existencia de una situación de salud pública en la población que consideramos comparativamente peor que la de otras poblaciones similares". Sin embargo, el Defensor defiende que no pueden valorar el grado exacto de incidencia de los factores ambientales, pues "resultan insuficientes los datos de los que disponemos en la presente fecha sobre los elementos contaminantes presentes en ambas zonas, y no son suficientemente concluyentes los estudios que, con alcance muy limitado, se han realizado sobre los riesgos para la salud derivados de la presencia de elementos potencialmente contaminantes de origen industrial.

Por ello, la institución cree conveniente que "se lleven a cabo cuantos estudios se estimen necesarios a juicio de los expertos para disponer de datos y elementos de juicio suficientes para formular una conclusión, fundada y motivada". Mientras no se disponga de conclusiones definitivas, el Defensor entiende que "cualquier decisión que pueda redundar en un aumento significativo del riesgo ambiental debería venir precedido de estudios rigurosos que acrediten la oportunidad y conveniencia de dicha decisión". También recuerda la necesidad de que las administraciones implicadas den cumplimiento a las recomendaciones del dictamen de la Sociedad Española de Epidemiología, un proceso en el que éstas aseguran que ya están inmersas.

Otro de los asuntos destacados se refiere al nuevo centro de internamiento de menores que se proyectaba en Huelva y en el que se presentaron quejas de vecinos de Aljaraque, que se oponían a la ubicación prevista en la localidad. El Defensor detalla que, pese a que este tipo de centros no suelen ocasionar ningún tipo de problemas, finalmente no hubo de emitir resolución porque la empresa adjudicataria no pudo cerrar la compra del inmueble previsto en Aljaraque y el proyecto lo llevó a cabo otra empresa, clasificada en segundo lugar, en una ubicación distinta (Polígono Pegerillas, en Huelva capital) que no suscitó polémica. El Defensor recuerda también que la creación de este centro en Huelva era una demanda reiterada durante los últimos años.

En el informe, el Defensor también destaca la "saturación" que, a su juicio y tras las averiguaciones realizadas, sufre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado, por lo que ha dirigido a la Consejería de Justicia e Interior una sugerencia para la creación de, al menos, un nuevo juzgado para este partido judicial.

Otros temas, como las quejas de usuarios de un Centro de Mayores en Zalamea, problemas relacionados con la asistencia sanitaria o el suministro de medicamentos o con los pasos a nivel en Calañas también figuran en el informe anual del Defensor.

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