El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha comenzado a establecer las fechas para los juicios que tendrán como protagonistas los contratos que se hicieron a los trabajadores del denominado Capítulo 6 de la Universidad de Huelva (UHU). Según señalaron fuentes cercanas al Rectorado, las vistas -ya están concertadas seis- comenzarán en noviembre de 2017 y podrían dar como resultado, un sentido distinto a las sentencias de los juzgados de lo Social que indicó la nulidad de los despidos de este colectivo de trabajadores cuya vinculación laboral con la Onubense quedó concluida el 31 de diciembre de 2013. Ese resultado podría considerar que los contratos que se realizaron en su momento a estos empleados, son nulos de manera que la UHU podría tener una baza a su favor para despedir a este colectivo.

Todo da a entender que, lejos de concluir el proceso que se inició en aquella fecha, la suerte de estos empleados deberá aún recorrer un tramo largo. A día de hoy hay dos frentes abiertos: el social-laboral y el contencioso.

Lo cierto es que, a día de hoy, salvo un caso que está aún en trámites judiciales, 47 personas se han reincorporado a la Universidad de Huelva. De esa cifra, dos corresponden a la corporación que en su momento quedó disuelta pero que el juzgado argumentó que, pese a ser un ente jurídico independiente, tenía empleados de la Onubense.

El 31 de diciembre, la Universidad de Huelva dio por concluida la relación laboral con 76 trabajadores del denominado Capítulo 6, si bien no todos optaron por llevar a la Justicia su caso. Los juzgados de lo Social fallaron a favor de éstos sentenciando la reincorporación.

Como ya se ha comentado, no parece que el tema se dé por finiquitado. La Universidad se ha movido en este tiempo en otros ámbitos, en el ánimo de demostrar que los contratos que se realizaron a estos trabajadores podrían ser nulos y por lo tanto procedería la conclusión de la relación laboral, tal y como se realizó a finales de 2013. Junto a esto hay una no desdeñable implicación económica. En momentos de dificultades, como las vividas por la institución docente, la UHU confiaba en ahorrarse 1,4 millones de euros anuales prescindiendo de estos empleados.

De ahí, que la Onubense haya llevado a la vía Contencioso-administrativa la naturaleza de estos contratos. En este mismo camino se sitúan los dictámenes que el Consejo Consultivo de Andalucía ha ido emitiendo y que, hasta la fecha, coinciden en considerar que las contrataciones fueron nulas "de pleno derecho" pues se violaron reglas esenciales de la contratación administrativa. En el caso del Consejo Consultivo, como sucediera en los juicios de lo Social y ocurrirá en lo Contencioso, se ha de resolver caso por caso y no de manera global del conjunto de personas incluidas en este Capítulo 6. Hasta el momento, el consejo ha emitido 38 dictámenes.

Según un escrito que la Secretaría de la UHU envió a toda la comunidad universitaria, "los demandantes han obtenido a través de sus demandas en la jurisdicción social, la calificación de despido nulo; calificación que obedece fundamentalmente al hecho de que sus contratos, originalmente temporales, se habían convertido en indefinidos dado que o bien tales contratos se habían realizado en fraude de ley, o bien las becas que habían disfrutado encubrían verdaderos contratos de trabajo". "Ante esta situación -proseguía la Secretaría General- y dada la evidente lesión que para los intereses de la Universidad suponía el hecho de que originariamente estos contratos hubiesen sido concertados de manera fraudulenta, la UHU ha procedido a tramitar expedientes de revisión de oficio de la actuación administrativa que dio lugar a los contratos de trabajo, con el objetivo de proceder a la anulación de los mismos por suponer una violación de normas constitucionales esenciales".

La Onubense inició, de este modo el año pasado, la tramitación de expedientes que, hasta la fecha, siempre han finalizado de la misma manera: el reconocimiento por parte del Consejo Consultivo de Andalucía de que las contrataciones son nulas de pleno derecho pues se han violado las reglas esenciales de la contratación administrativa en aspectos como la posibilidad de libre concurrencia, la publicidad o el principio de igualdad.