Huelva

La UHU estudiará la situación jurídica del personal del Capítulo 6

  • El gabinete jurídico prepara un documento que será presentado a los trabajadores en una reunión el día 28

Empleados del Capítulo 6 junto a los juzgados de lo Social, en julio de 2014.

Empleados del Capítulo 6 junto a los juzgados de lo Social, en julio de 2014. / paqui segarra

La Universidad de Huelva (UHU) está trasladando a su gabinete jurídico, las sentencias que le están llegando desde el Tribunal Supremo respecto a una veintena de trabajadores procedentes del Capítulo 6.

Así lo transmitió ayer la rectora María Antonia Peña a la secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FESP) de UGT-Huelva, Marisa Fernández, quien explicó que la Onubense ha recibido ya seis sentencias desde el alto tribunal en las que se ratifica la nulidad de los contratos que en su tiempo se hicieron a este colectivo de trabajadores. Peña se comprometió a que para el día 28 se reunirá con los representantes del comité de empresa del Personal de Administración y Servicios (PAS) y de las juntas de personal para comunicarles cuál es el resultado del estudio llevado a cabo por el gabinete jurídico.

Frente a estas sentencias, los trabajadores tienen otras correspondientes a los juzgados de lo Social. El gabinete valorará el peso de cada una de ellas y las decisiones que podrán tomarse. Desde UGT se insistió en que no abogan por el despido de ningún trabajador y que obviamente, se tendrá que tener en cuenta la legalidad. Lo importante es que "se abrirá un proceso de negociación", apuntó Fernández.

Las sentencias del Supremo vienen a confirmar las que en su día emitieron los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, mientras que las de lo Social dieron la razón a los postulados de los trabajadores que en su inmensa mayoría, fueron readmitidos en la Onubense y que sostenían que sus despidos consistían en un ERE encubierto.

Otro agente que entró en juego en todo este conflicto laboral fue el Consejo Consultivo de Andalucía al que recurrió la propia universidad ante las sentencias de lo Social. Ese órgano dio la razón a la Onubense por considerar que los contratos realizados a este colectivo eran nulos en origen.

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