El TSJA rechaza la suspensión cautelar de los presupuestos municipales de 2016

  • El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entiende que hay que "anteponer los intereses generales" a posibles "perjuicios acreditados" en la aprobación de las cuentas del pasado ejercicio

Era una de las asignaturas pendientes para el nuevo curso y en la primera semana ya se ha logrado sacar adelante el primer parcial. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado las medidas cautelares que el Estado solicitó al reclamar la anulación del presupuesto del Ayuntamiento de Huelva de 2016. En el auto, al que ha tenido acceso Huelva Información, los magistrados dejan claro que la suspensión cautelar "no ha lugar a acordarla" y a lo largo del escrito (breve y conciso) se expone que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo asume como prioritario el interés general"; es decir, que Huelva tenga sus cuentas municipales, con el desarrollo de las políticas que conllevan, por encima de la existencia de determinados perjuicios, que -así se insiste- deben ser "acreditados" y "no hipotéticos". Y es ese punto uno de los que más se valora desde el equipo de gobierno que considera que daños irreparables (a los que se agarró el PP para presentar el recurso) "son los que hubieran llegado si no se hubiera aprobado un presupuesto", según la concejal de Economía y Hacienda, María Villadeamigo, que insiste en que "no vamos a parar en la lucha por la autonomía financiera de Huelva a pesar del empeño de Madrid por impedirlo".

El auto llega después de que la Abogacía del Estado presentase el recurso contra las cuentas municipales de 2016. Rechazaba así el acuerdo que se había adoptado en el Pleno del 1 de septiembre de ese mismo año, por el que el Consistorio aprobaba de forma definitiva las cuentas para el pasado ejercicio. Se daban por buenas tras suspender el acuerdo del anterior gobierno municipal del PP por el que se asumía el plan de ajuste (para el período 2014-2034) por el que el Ayuntamiento perdía la autonomía financiera para pasar a depender del Ministerio de Hacienda.

La vía judicial, que se abrió tras dos reclamaciones del Estado y un dictamen desfavorable del Consejo Consultivo Andaluz, sigue su curso y mientras tanto las cuentas se han prorrogado -vía decreto del alcalde- para este 2017. El equipo de gobierno siempre ha entendido que no se podía atender a las necesidades de los ciudadanos sin un presupuesto y el de 2016 está ejecutado, y además se ha hecho "con las reglas de estabilidad", lo que pone de manifiesto "el boicot permanente del PP, que antepone los intereses particulares a los de los onubenses".

La polémica siempre ha acompañado a los presupuestos después de que el Ayuntamiento onubense declarase nulos de pleno derecho los acuerdos por el que el Consistorio onubense se adhirió a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez habilitadas por el Gobierno central. Para ello, los socialistas contaron con el apoyo de C's, Mesa de la Ría y Participa Huelva, mientras que PP e IU mostraron su más férrea oposición.

Para los primeros, era la única vía posible para recuperar la independencia presupuestaria. Sin embargo, para los otros, era como una suerte de insumisión temeraria. En cualquier caso, sólo la suspensión cautelar de los acuerdos municipales que llevaron en 2014 al Ayuntamiento de la capital a acogerse al último plan de rescate permitía dar validez al presupuesto para 2016. De este modo, el objetivo era que el Ayuntamiento de la capital se librase de los condicionantes del Ministerio de Hacienda y sacara adelante, desde la autonomía financiera, unos presupuestos municipales de 120,7 millones para la ciudad.

Así fue como lo argumentó el equipo de gobierno y, para defender la legalidad de sus pasos puso sobre la mesa un informe externo realizado por expertos y avalado por el catedrático en Derecho Administrativo y exletrado del Tribunal Constitucional, Javier Barnés. El fundamento no era otro que la nulidad de pleno derecho y absoluta de los acuerdos de la junta de gobierno municipal y del Pleno del 2014 por "incompetencia manifiesta de la junta de gobierno, ya que esos acuerdos deben ser tomados por el Pleno", y por excederse el procedimiento administrativo, precisamente por no adoptarse por el órgano competente y porque, en caso de que fuera válido, el Pleno lo aprobó fuera de plazo.

A pesar de ello, los populares llevaron las cuentas a la vía judicial (aún abierta, como el expediente del Consultivo) y el equipo de gobierno entiende que el auto del TSJA es "el primer paso para poner cordura a la sinrazón del PP, que antepone sus intereses a los de Huelva".

La sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, que emite el auto de rechazo a las medidas cautelares con fecha del pasado lunes, día 11, deja la posibilidad de formular un recurso de reposición, para el que acuerda un plazo de cinco días una vez que llegue la notificación, previo depósito de 25 euros.

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