Los suelos del municipio de Huelva esperan una solución después de que la Onubense haya alertado de la presencia de metales pesados. El estudio publicado el domingo por Huelva Información lleva ahora el debate a la necesidad de descontaminar los terrenos afectados y a quienes son responsables de los mismos. La ley establece de forma clara que corresponde a los causantes de la alteración sufrida y, de forma subsidiaria, a los propietarios actuales de los suelos y los poseedores de los mismos. El Ayuntamiento de Huelva, mientras, asegura que estudiará la atribución de competencias marcada por la legislación y tratará de hacer todo lo posible por conocer al detalle el estado real de los suelos para dar una solución para el bienestar de la población onubense.

Un portavoz oficial del equipo municipal aseguró en la tarde de ayer a este diario el compromiso de actuar conforme a lo establecido en la ley, aunque en un primer paso se encargará a los servicios jurídicos la delimitación exacta de las competencias en la normativa actual antes de actuar.

La responsabilidad en la obligación de "acometer los trabajos de estudio y posterior descontaminación de los suelos", indica el Decreto 18/2015, aprobado el 27 de enero pasado por el Consejo de Gobierno de la Junta, recae en "los causantes de la contaminación que, cuando sean varios, responderán de forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los propietarios de los suelos contaminados y los poseedores de los mismos". Igualmente, el reglamento establece un matiz relativo a "los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión", en cuyo caso adquieren las obligaciones referidas "subsidiariamente, en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario".

Pero antes de que esta reclamación se lleve a efecto, la Junta de Andalucía asegura que las competencias para actuar acerca de los suelos contaminados son los municipios, prevaleciendo la atribución a los ayuntamientos, indicada en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, de la "declaración y delimitación de los suelos contaminados, así como la aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado", puntualizando la ley en esto, "en los casos en que dicho suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal".

La misma norma, igualmente, establece dos salvedades que apuntarían directamente a la Administración autonómica. Por un lado, aquellos casos en los que los suelos afectados "estén comprendidos en más de una provincia", que serían competencia de la Dirección General relativa a suelos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y por otro lado, los suelos afectados "comprendidos en más de un término municipal dentro de la misma provincia", que serían asumidos por la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería.

En este punto, fuentes municipales insisten en aclarar primero la delimitación de las competencias siguiendo de un modo escrupuloso lo establecido en la ley. En cualquier caso, persiste el interés, según señalaron a Huelva Información, de "hacer todo lo posible por conocer la situación de los suelos y hacer todo lo posible por dar una solución en el marco de la competencias que tenga el gobierno municipal conforme a la ley".

El reglamento aprobado el pasado 27 de enero apunta que, entre otros cometidos, la Junta debe llevar un inventario de los suelos contaminados en Andalucía, conforme a la información facilitada por los municipios, al igual que deben ofrecer, a través de la Dirección General, "asesoramiento y formación en materia de suelos contaminados".

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Huelva se confía en contar con la colaboración de la Junta para poder actuar conforme a sus competencias. En un primer momento, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, se puso ayer a disposición de la Administración autonómica, a través de una carta dirigida a la consejera de Medio Ambiente, para colaborar y "arbitrar y encauzar las actuaciones" que se considerasen oportunas, mientras reclamaba la adopción de "medidas oportunas para analizar a fondo este estudio y, en el caso de considerarlo necesario, emprender cuantas acciones correctoras de esta situación sean necesarias".

Pedro Rodríguez, en declaraciones a los periodistas, aseguró por la mañana que "lo primero es la salud de los onubenses y lo segundo, la política".

El delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Fiscal, también por la mañana, no puso el dedo acusador en el Ayuntamiento y recordó que la responsabilidad de la descontaminación de los suelos afectados corresponde a "los propietarios de los terrenos". Sí cuestionó, no obstante, a Pedro Rodríguez, de quien dijo que "es especialista en no hacer nada, tenga o no responsabilidad".

Fiscal recordó que "ha habido muchos expedientes abiertos para la descontaminación de los suelos", poniendo como ejemplo el desmantelamiento de Foret en la avenida Francisco Montenegro o la paralización de promociones inmobiliarias en Corrales.