Sólo uno de cada cuatro delatados por malos tratos es condenado por un juez

  • El 36,6% de las 557 denuncias presentadas se archiva

  • Pese a todo, las onubenses acusan a sus agresores un 26,6% más que en 2016

  • El quebrantamiento de penas aumenta 2,3 veces

Sólo uno de cada cuatro delatados por malos tratos es condenado por un juez Sólo uno de cada cuatro delatados por malos tratos es condenado por un juez

Sólo uno de cada cuatro delatados por malos tratos es condenado por un juez

Son más valientes. No están dispuestas a seguir viviendo bajo el yugo del miedo y consiguen dar el paso y denunciar a sus agresores. Los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer de nuestra provincia -el exclusivo de Huelva, el 3 de Ayamonte, el 1 de Moguer, el 3 de La Palma, Aracena 1 y Valverde 1, además del Penal 3 de Huelva- recibieron en el primer trimestre de este año 557 denuncias. Son 117 más (+26,6%) que en el mismo plazo de 2016, cuando recepcionaron 440, según consta en el informe La violencia sobre la mujer en la estadística judicial, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La clave, sin embargo, no está en la ingente cantidad de delaciones que coloca a Huelva como la tercera provincia andaluza con mayor densidad de denuncias por cada 10.000 habitantes, con un rango de 10,8 rebasado sólo por Málaga (13,2 denuncias por 10.000 habitantes) y Sevilla (12,1). Sino en la relación de éstas con sobreseimientos y condenas, como observa Manuela Noguera, presidenta de la asociación Miríadas, la primera y única asociación de víctimas de violencia doméstica en España fundada por las que padecen estas agresiones. A día de hoy el colectivo atiende sólo en Huelva a cerca de 900 mujeres y da servicio telefónico a otras 400 de toda España.

112Órdenes de protección. Es el global de órdenes dictadas por los juzgados de Violencia sobre la MujerLa mujer se sienta delante de mí arrugada y no levanta la cabeza, eso me llega al alma"Ricardo RuizJuez del Violencia 1 de Huelva

Poniendo el foco sobre el detalle que subraya Noguera, lo cierto es que en Huelva sólo fueron enjuiciadas en el primer trimestre 195 personas (91 en los juzgados especializados de Violencia y 104 en el Penal 3). De ellos, sólo 136 fueron condenados: 67 en Violencia y 69 en el Penal. Son el 24,4% del total de denuncias interpuestas por las víctimas y entre ellos hay una mujer.

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Huelva, Ricardo Ruiz, explica que los órganos especialistas en la materia incoan sólo los juicios rápidos "en conformidad, en los que el denunciado admite los hechos y le rebajamos un tercio la pena en la sentencia firme". Al resto, el que no asume los hechos que se le atribuyen y quiere defenderse, se le envía al Juzgado de lo Penal 3 para que la magistrada Estela San José vea el caso y emita su fallo.

Llama la atención también el elevado porcentaje de casos archivados (204) que se registra en los juzgados que entienden de violencia machista en Huelva, el 36,6% de las denuncias. La estadística del CGPJ refiere la existencia en el primer cuarto del año de 53 sobreseimientos libres, 50 de ellos por no haber indicios racionales de delito y los otros tres porque el hecho denunciado no constituye delito alguno. Hay que sumarles otros 151 sobreseimientos provisionales, 149 por no resultar justificada la perpetración del delito y dos por no haber autor conocido. Para Manuela Noguera, no sólo es que las denuncias acaben archivadas, sino que "en otras se tarda incluso más de las 72 horas pertinentes en celebrarse un juicio rápido; tengo un caso que lleva dos meses esperando juicio tras una denuncia por ser en un municipio, hay una parsimonia increíble". La presidenta de Miríadas afirma que en Huelva "tenemos menos problema con el juzgado exclusivo, pero en los municipios se demora la película que no te puedes imaginar".

De las 557 denuncias incoadas en Huelva, 17 fueron presentadas directamente por la víctima en el juzgado de turno y 13 por algún familiar. La mayor parte, concretamente 414 (75,3%), es consecuencia de atestados policiales: 306 con denuncia de la víctima en la comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil, tres por algún familiar de ella y 105 por intervención directa de los agentes. Otras 78 denuncias procedían de partes de lesiones recibidos directamente en los órganos judiciales, mientras que los servicios de asistencia impulsaron otras 35.

A pesar del incremento de las denuncias, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva "detectamos que hay una bolsa grande de casos que no sale a la luz". Su titular aplaude, no obstante, que "si aquí se denuncia es porque probablemente se esté trabajando un pelín mejor en algún aspecto y se esté llegando a dar el toque de atención a la víctima y empoderándola para que ella venga y ponga la denuncia; creo que esto significa que se están haciendo razonablemente bien las cosas, aunque no es predecible lo que pueda pasar en el futuro".

Noguera por su parte entiende que "se está invitando desde que nació la ley a que se denuncie como primera instancia pero pienso que la denuncia debería de ser la última instancia: cuando todos los recursos comunitarios reportaran, al igual que la víctima, lo que está pasando". Desde su prisma "nadie se pringa, ni un médico de familia ni un pediatra que está teniendo conocimiento de lo que ocurre; incluso cuando un pediatra deriva a un menor al psicólogo porque considera que las visitas con su padre le están ocasionando un trastorno emocional, se le pide al maltratador la autorización; increíble pero cierto".

Los juzgados de Violencia incoaron 112 órdenes de protección en el primer trimestre del año en Huelva (tres más que en 2016), 93 de ellas de alejamiento y una que conllevaba una pena privativa de libertad para el condenado, entre otras. Pese a este ligerísimo repunte en el dictado de órdenes que dan seguridad a la víctima, los incumplimientos de las mismas se han multiplicado. Son ahora 2,3 veces más que hace un año, 49 frente a las 22 de entonces. Para el magistrado Ricardo Ruiz el incremento estadístico tiene que ver en el aumento de los quebrantamientos, pero "también se une que no sé si la gente no sabe o no quiere saber el significado de una orden de protección". Hay pasotismo ciudadano.

Manuela Noguera critica que el incumplimiento de la condena no tenga como consecuencia "en ningún caso" la privación de libertad. Lo máximo a lo que se llega, afirma, es a que el policía de protección llame al condenado y le lea la cartilla. "Por eso el maltratador sigue haciendo lo que le da la gana y amedrentando a la víctima", sentencia.

El perfil de la mujer que sufre en sus carnes la violencia de género es tan heterogéneo que, en realidad, no hay perfil definido. Ricardo Ruiz explica que "tengo mujeres supercualificadas y mujeres sin carrera, jóvenes, muchísimas, mujeres mayores, de España, del extranjero..., es tremendo, es algo transversal que está en todas las capas y los espectros de la sociedad". Y con el agresor pasa algo parecido, "porque se suele mover en el ámbito social de la víctima".

Lo que sí indica la estadística del CGPJ es la relación que mantenían denunciante y denunciado con orden de protección: en 48 casos eran una pareja rota, en 36 mantenían una relación afectiva, en 25 eran cónyuges y en otros tres el matrimonio se había roto.

Más allá de enfrentarse a asuntos con lesiones graves o a las terribles historias que las mujeres narran al juez de Violencia de Huelva, lo que más llega a Ricardo Ruiz es que "la mujer se sienta delante de mí arrugada y no levanta la cabeza, eso me llega al alma porque se la ve que está hecha polvo".

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