Carmen Sacristán recogió sin titubeos el guante lanzado por el equipo de gobierno, que pidió explicaciones al grupo municipal popular por tener en sus filas a "la responsable directa de esta atrocidad", en referencia al contrato de adjudicación del servicio de la zona ORA.

La concejal popular, entonces teniente alcalde de Seguridad, aseguró que la sentencia del TSJA que anula la adjudicación del contrato a Dornier atañe a una cuestión "puramente administrativa" y aseguró que este tipo de contratos no dependen de los informes de un técnico, que en ningún caso son vinculantes, sino de un órgano colegiado, que es la mesa de contratación, en la que están representados todos los grupo políticos, el interventor y el secretario.

Precisamente en el día de ayer Sacristán pidió por escrito en el Ayuntamiento el certificado del acuerdo de la mesa en la que se adjudicó el contrato. Tuvo lugar el 2 de agosto de 2013 y , según señaló, en el mismo consta el informe favorable del interventor, del secretario, los votos favorables del PP e de IU, y la abstención del PSOE. Pero también consta expresamente, según insistió, "la felicitación del representante del PSOE, José María Benabat, al técnico, Miguel Olivares, al interventor y al secretario por la pulcritud y la exactitud" en el expediente.

Sacristán recordó que la propuesta de adjudicación pasó por el Pleno municipal celebrado el 25 de septiembre de 2013 (punto 26 del orden del día). En el acta de la sesión, consultada por este periódico, se comprueba que votaron a favor los catorce ediles presentes del PP, mientras que se abstuvieron los ocho del PSOE y los dos presentes de IU.

La edil explicó que el entonces jefe de Policía Local presentó los informes a petición de la mesa de contratación: "Dicen que el jefe de Policía no era competente, pero es que en la mesa hay un interventor y un secretario. La parte económica del informe técnico -antes y ahora- se le pide al técnico del área correspondiente. Igual que Miguel hizo ese informe, en el contrato de alumbrado lo hace el técnico correspondiente. Es la manera de proceder", incidió.

Por ello, defendió que se trata de una cuestión técnica, en la que en primera instancia un tribunal dio la razón al Ayuntamiento y ahora el TSJA, con los mismos argumentos, dice otra cosa. No obstante, al margen de lo que en el futuro diga el Supremo (si la empresa presenta un recurso de casación), Sacristán insistió en que se trata de "una cuestión administrativa ratificada y avalada por una mesa de contratación, en la que están presentes el secretario, el interventor y los grupos".

"Hubo trasparencia absoluta. Posiblemente haya sido el contrato más fiscalizado de este santo Ayuntamiento", zanjó la popular.