La clave: detección y prevención. Con la intervención directa de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, arranca un dispositivo que en enero estará "a pleno rendimiento" para atajar los conflictos en colegios e institutos, optimizando los recursos de protección de las víctimas de la violencia escolar. El Gobierno central ha puesto en marcha en Huelva un nuevo protocolo para frenar a las bandas juveniles que irrumpen en los centros educativos "agrediendo a alumnos y profesores"; así como para combatir otros episodios graves como el acoso escolar; los riesgos de Internet (contacto con pederastas) y el menudeo de drogas.

El primer ensayo, punto de partida definitivo, vino ayer en una reunión en la que se congregaron los directores de los centros educativos de la provincia con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para poner conflictos y soluciones sobre la mesa; y conocer la nueva dinámica de cooperación, toda vez que la intervención gubernamental comenzó en este ámbito hace ya dos años, cuando se activó el plan contra el menudeo de drogas, que ha tenido resultados determinantes, muy positivos, a la luz de los datos oficiales. Igualmente se ha desarrollado un plan de control policial en materia de drogas y alcohol en las zonas de ocio nocturno (botellones y locales).

La receta que se aporta ahora -fruto de un acuerdo interministerial de 2006- la dispensarán en una comisión mixta en la provincia la Subdelegación que preside Manuel Bago en representación de la Administración central; y la Delegación de Educación de la Junta, que dirigida por Antonia Cascales. Los responsables institucionales presentaron ayer las líneas maestras de un plan que se dirige a los 124 centros educativos de Huelva, si bien se hará una criba de prioridades en función de las inscripciones que se presenten durante este mes en la Delegación, para atender de forma especial a los colegios e institutos "más conflictivos".

Entre la batería de actuaciones que se inscriben en este programa se encuentra el refuerzo de la vigilancia del entorno escolar y la celebración de reuniones periódicas de la comunidad educativa con expertos policiales para abordar los problemas de seguridad de los centros y buscar soluciones. Asimismo, se organizarán conferencias y coloquios, y los agentes de los cuerpos de seguridad darán charlas en los colegios e institutos "sobre los problemas de seguridad que les afectan como colectivo". Profesores, alumnos y padres tendrán acceso permanente a un experto policial "al que consultar -explicó el subdelegado- cualquier problema relacionado con la seguridad o la convivencia en el centro escolar".

Se trata de ofrecer información a la comunidad educativa sobre problemas como el bulling o acoso escolar; las bandas juveniles; el consumo de alcohol y drogas por parte de menores; y los riesgos de Internet (como el contacto con pederastas). Los agentes, con la colaboración de padres y profesores, tratarán de motivar a los alumnos "en la adopción de conductas pro activas y de facilitar a los padres y profesores pautas de detección y reacción además de la ayuda inmediata en las situaciones más graves de funcionarios policiales especializados".

El Plan Director para la Mejora de la Convivencia y la Seguridad escolar surge tras el acuerdo de colaboración firmado hace un año entre la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera; y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El objetivo de este convenio marco era "acercar" -literalmente- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los centros escolares para prevenir los brotes de violencia escolar. En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, insistió ayer en que, "a partir de ahora, la Policía no se va a quedar en la puerta de colegios e institutos, sino que va a entrar y a establecer vías de cooperación y dar a conocer los recursos existentes para combatir estos problemas. En cuestión de un año veremos resultados".

Al margen del acuerdo interministerial, también sirve de contexto para esta nueva fase de intervención el Protocolo de colaboración que firmó igualmente hace un año el titular de Interior con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para coordinar las actuaciones en materia de seguridad ciudadana dirigidas a la juventud. Asimismo se ha editado un documento que va a servir de referencia en este ámbito, la Guía Metodológica y de Contenidos elaborada por los dos ministerios suscriptores, para prestar apoyo pedagógico a los funcionarios que visitan las escuela. Y es que en toda España se han preparado ya a agentes con formación específica para impartir estas pautas, con la idea de que el proyecto se desarrolle dentro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Como ayer destacaron Bago y Cascales, con estas medidas se pretende, en definitiva, "acercar los servicios públicos de seguridad a la comunidad escolar para mejorar la confianza de niños y jóvenes en las fuerzas de seguridad; así como poner a su disposición la asistencia técnica para prevenir y abordar los episodios graves que amenazan la convivencia escolar".

A tal efecto se ha designado a un responsable de la Policía Nacional y a otro de la Guardia Civil, que canalizarán todas estas actuaciones y establecerán contacto con los centros educativos de la provincia. La previsión es que la cosecha de estos protocolos lleguen después de un año de trabajo, y el panorama sea otro para el próximo curso escolar, "con un clima de tranquilidad y seguridad", incidió el subdelegado.