Para proceder a la revocación del Pleno por el que se aprobó la adhesión al plan de ajuste en los términos recogidos en el dictamen del Consejo Consultivo Andaluz (CCA), el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, anunció ayer que convocará en los próximos días un Pleno extraordinario, en el que propondrá el archivo del expediente de nulidad, lo que dejará "expedita la vía para poder presentar a la mayor brevedad los presupuestos municipales de 2018".

El siguiente paso, según avanzó el regidor, será solicitar una reunión al Ministerio de Economía y Hacienda para abordar, en sus palabras, "la forma en que vamos a gestionar esta situación desde el respeto a la autonomía financiera del Ayuntamiento pero sin perjudicar a terceros, habida cuenta de los compromisos que se derivaron de las condiciones del plan de rescate".

Para ello, es necesario establecer un marco de orden, seguridad y estabilidad. Y es que aunque el Ayuntamiento no esté sujeto al control del Ministerio y no necesite su autorización para elaborar unos nuevos presupuestos, hay que "analizar las consecuencias de las medidas que se adoptaron para no provocar daños a terceros".

El tercer peldaño en este recorrido que se abre tras el dictamen del Consultivo será la convocatoria de otro Pleno extraordinario al el objeto de aprobar inicialmente unos presupuestos cuyo borrador ha estado elaborando el equipo de Gobierno en paralelo a la espera de esta resolución.

Según incidió Cruz, el dictamen "nos permite por fin poner en marcha una herramienta fundamental para las políticas sociales, el empleo y los servicios y proyectos de la ciudad, como son los presupuestos".

Tal y como aseguró ayer el alcalde, este procedimiento nada tiene que ver con el que está abierto en los juzgados tras el recurso que la Abogacía del Estado presentó el 27 de enero del año pasado contra el acuerdo adoptado en el punto número 2 del Pleno del 1 de septiembre de 2016, por el que se dio luz verde de forma definitiva a las cuentas para 2016. Esas cuentas ya fueron ejecutadas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva admitió a trámite aquel recurso de la Subdelegación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó adoptar medidas cautelares.