El Pacto por la Vivienda nace con 17.000 millones de euros para 4 años

  • Cajas y bancos financian la mitad y reservan 9.000 millones · La Junta aporta 6.100 millones y los ayuntamientos 1.400 · La cifra cuadruplica el coste del Pacto en Cataluña

Comentarios 0

Ocho meses después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunciara en el Parlamento una ley que regulará el derecho de todos los andaluces a una vivienda digna, ayer firmó el Pacto que debe propiciarlo. Los agentes sociales y económicos, los ayuntamientos y las entidades financieras rubricaron su compromiso para hacer posible el objetivo del Gobierno andaluz: la construcción en la próxima década de 700.000 viviendas, 300.000 de ellas protegidas, para dar cobertura a las familias que accedan a su primera casa.

En un acto que la Junta revistió de solemnidad, con la presencia en el Convento Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla de la cúpula empresarial y financiera en la comunidad -en la mesa, unos 30 altos cargos de cajas de ahorro, bancos y cajas rurales-, Chaves dio la primera cuantificación económica de la que será una de sus grandes bazas electorales. El presidente anotó que las entidades financieras comprometen 9.000 millones de euros en la primera fase del Pacto, cuatro años, para la construcción de las viviendas protegidas y se reservarán 9.000 millones más si hacen falta, según completó el presidente andaluz en una rueda de prensa posterior.

La Junta aporta 1.900 millones para ayudas e inversiones, cuya partida para 2008 recogerán los próximos presupuestos. Los equipamientos e infraestructuras necesarias para dotar a estas viviendas de todos los servicios básicos supondrán una inversión de 5.600 millones, del que los ayuntamientos pondrán una cuarta parte y la administración autonómica el resto.

Andalucía quiere ser la primera comunidad que haga efectivo el derecho, recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, de todos los ciudadanos a residir en una vivienda digna y de calidad. La previsión del presidente, si gana los comicios del 9 de marzo, es que la ley se apruebe en 2008 y "establecer el carácter ejecutivo de ese derecho, que podrá ser reclamado ante los tribunales de justicia", explicó Chaves a los periodistas.

La ley catalana, empantanada aún en el Parlamento, dejó paso en octubre al primer Pacto por la Vivienda firmado en España. El presidente de la Generalitat, José Montilla acordó con promotores, sindicatos, colegios profesionales y agentes sociales casi la mitad de viviendas protegidas, 160.000, y un coste presupuestario cuatro veces menor al pacto andaluz, 8.221 millones de euros en diez años.

Del acuerdo firmado a tres bandas en Andalucía, todos los implicados manifestaron estar satisfechos tras una negociación "difícil hasta el último momento", según Chaves. Los sindicatos destacaron el compromiso por facilitar el acceso a una vivienda a los trabajadores y por la dinamización del sector inmoliario "en unos momentos no muy fáciles", según el secretario regional de UGT-A, Manuel Pastrana.

Los empresarios, un día después de que el G-14, el lobby de las grandes inmobiliarias, diagnosticara caídas de los precios el año que viene, muestran "confianza" ante las previsiones de impulso al sector de la construcción que les otorga el Pacto. Santiago Herrero, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), deseó que el acuerdo suponga "un punto de inflexión" para recuperar las relaciones con el Gobierno tras la tensión surgida a raíz de la aprobación de recientes normativas urbanísticas.

Las recientes normas de ordenación urbanística no gustaron al sector empresarial, que han encontrado en los ayuntamientos, también disgustados, a un cómplice. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por el socialista Francisco Toscano, firmó el texto literal que aprobó en Asamblea a primeros de mes y sus peticiones se incorporarán a la normativa urbanística. Chaves insistió en que no habrá "modificación" de los límites de crecimiento impuestos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), sino una "flexibilización".

"El Pacto por la Vivienda en ningún momento repercute en la alteración del POTA", aseguró. Sea como fuere, los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes tendrán más margen para crecer y se "agilizará", mediante decreto o fórmula jurídica similar, la adaptación de los PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA), de 2002.

más noticias de HUELVA Ir a la sección Huelva »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios