La nueva normativa territorial del Gobierno andaluz se traduce ya en Huelva en una bolsa de 15.376 viviendas protegidas, recogidas en los convenios firmados en la antesala de las elecciones, a través de la Diputación (para los municipios con menos de 20.000 habitantes) o directamente con los ayuntamientos de Aljaraque, Punta Umbría, Cartaya, Almonte y Ayamonte. En el caso de la capital -aún con negociaciones técnicas pendientes- igualmente se han licitado suelos para la construcción de 336 viviendas protegidas en el Seminario y las inmediaciones del Parque Moret.

Según informó la Delegación Provincial de Obras Públicas, con las promociones que se han puesto en marcha con estos convenios (en el marco del Pacto de la Vivienda) se responde de momento al 83% de la demanda onubense de VPO que, según un estudio del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA) se cifra en 18.546 viviendas.

La cobertura jurídica de estos convenios entronca con el decreto que la Junta aprobó a finales de enero para relajar los polémicos límites urbanísticos del POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía), con el objeto de obtener suelo para VPO en los plazos más breves y, entre otras cuestiones, potenciar la economía de los municipios suprimiendo los corsés que se habían impuesto al suelo industrial.

Literalmente, el Decreto 11/2008 desarrolla "procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas". En un plazo de diez años, esta normativa supondrá la construcción de 20.000 viviendas para Huelva si se cumple la previsión del programa socialista. En torno al 75% de este parque inmobiliario se contempla ya en los convenios que se han firmado recientemente en la provincia.

El grueso de estas viviendas (un total de 11.944) se concentra en el documento suscrito con la Diputación Provincial para el desarrollo de los objetivos del Pacto por la Vivienda en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, esto es, todos menos la capital, Almonte, Isla Cristina y Lepe, que tendrán que firmar acuerdos independientes (Almonte ya lo hizo en febrero).

Y es que, al margen de la rúbrica en Diputación, tres semanas antes de los comicios, el consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis García Garrido, firmó con cinco alcaldes de la Costa convenios para la construcción de más de 3.000 VPO. En esta primera tanda (quedan pendientes ahora más firmas con otras localidades que pongan su suelo a disposición), Cartaya tiene aseguradas 850 viviendas protegidas; Aljaraque 560; Almonte 486; Ayamonte 680; y Punta Umbría 520.

El acuerdo con estos ayuntamientos recoge que el precio máximo será de 90.000 euros por vivienda; y el Gobierno andaluz se compromete a pagar a los promotores 3.000 euros por cada vivienda que se construya con destino a personas con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.

Dado que el decreto se aprobó de forma muy reciente, actualmente este proceso se encuentra en fase embrionaria, si bien se anunció que en este primer semestre se sacaría a concurso suelo del patrimonio público para la edificación de 7.000 viviendas. Y en los presupuestos andaluces de 2008 ya se consigna una cantidad de 100 millones para la compra de suelo con destino a VPO y 52 millones para ayudar en esta tarea a los municipios, que deberán suministrar el grueso del suelo (de momento se desconoce la traducción provincial de estas cifras). Las entidades aprtorarán al plan 9.500 millones en créditos con una reserva de hasta 18.000 euros, mientras que la Junta y las Administraciones locales contribuirán con 7.500 millones.

Son, pues, los primeros pasos (a nivel de convenios y modificaciones normativas) que da el Gobierno autonómico para la aplicación del Pacto por la Vivienda, firmado en diciembre por la Junta de Andalucía; la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); los sindicatos UGT y CCOO y 31 entidades financieras.