El proceso de separación de Lepe de la Mancomunidad de Aguas de la Costa Occidental y de la empresa gestora Giahsa (con un posible efecto dominó en otros municipios gobernados por el PP) abrió una brecha con el PSOE que ha acabado por llegar a la Diputación. Un agrio enfrentamiento a costa de la situación y del futuro de estas entidades cierra el curso político en el organismo, tras la presentación por la vía de urgencia de una moción por el equipo de gobierno socialista en la que censura la actitud de los populares y saca adelante (sin apoyo alguno de la oposición) un pacto para garantizar la estabilidad de las entidades asociativas.

La bronca llegaba al final de la sesión (no era la primera). "Estáis haciendo privatizaciones irregulares, sólo pretendéis hacer caja y reventar un modelo que funciona". El portavoz del gobierno provincial, Ignacio Caraballo, dio un repaso a los últimos movimientos que se han producido, desde el inicio del proceso de marcha por parte de Lepe, pasando por la posible salida de este municipio del Consorcio Contra Incendios o de Moguer y La Palma del Condado de sus respectivas mancomunidades, anuncios que, a su juicio, se traducen en un intento de "desmantelamiento" de una infraestructura que comenzó a construirse hace dos décadas y que puede llegar a tomarse como un "boicot" a aquellas instituciones que no están gobernadas por el PP.

Los socialistas solicitaban en su propuesta que el PP reconsiderara su situación e hiciera volver las aguas a la calma. No tuvo que esperar para obtener una respuesta. El portavoz del grupo popular, Jesús Toronjo, indicó al equipo de gobierno que "parte de un concepto equivocado, ya que tener mayoría no significa hacer lo que le dé la gana en estas entidades". "Ustedes ponen las mancomunidades al servicio del PSOE y hay ayuntamientos que no vamos a entrar por ahí".

Tras afirmar que la moción de los socialistas no es más que "un ataque" a los alcaldes del PP, punto en el que, entre otros, se refirió al caso de alcalde de Moguer, Juan José Volante, "ninguneado" en la Fundación Juan Ramón Jiménez, consideró que el PSOE "tiene que defender mejor los servicios que prestan las mancomunidades y no los de los que van en las listas electorales de su partido".

Toronjo expresó además su desconfianza en la gestión del agua por parte de los socialistas, que tiene a dos presidentes de mancomunidades con problemas en los juzgados, Carlos Sánchez y Miguel Novoa.

El portavoz del PA, Francisco Zamudio, que se abstuvo en la votación, estuvo entre dos aguas al admitir "la difícil situación" que tienen las fuerzas minoritarias en estas entidades y solicitar una reflexión a los partidos mayoritarios, al tiempo que consideró que Lepe debe regresar a Giahsa. Zamudio propuesto un pacto diferente al de los socialistas, "para evitar que las mancomunidades no estén al pairo de intereses partidistas".

El Pleno aprobó por unanimidad el Proyecto Forum como gasto plurianual, que cuenta con una inversión de alrededor de 11,5 millones de euros, el 70% de fondos europeos y el 30% restante de la Diputación. Con este dinero se llevarán a cabo cinco actuaciones, como un centro para la promoción del sector vitivinícola, por valor de dos millones de euros en Bollullos del Condado, así como la mejora del entorno natural y calidad medioambiental, con mejora de estaciones de transferencia de escombros en la Sierra, el Andévalo y el Condado, por 2,6 millones. Además, se prevén actuaciones en carreteras por valor de cinco millones), una actuación de protección del patrimonio cultural, ajardinamiento y mejora del entorno de La Rábida (1,4 millones) y una mejora en el edificio multifuncional en Encinasola (500.000 euros).