El PP llevara al Pleno el rechazo a la derogación de la prisión permanente

  • Participa Huelva pide que el Ayuntamiento adopte la nueva ley de contratación para el sector público

La portavoz del Grupo Popular, Pilar Miranda, ayer en el Ayuntamiento. La portavoz del Grupo Popular, Pilar Miranda, ayer en el Ayuntamiento.

La portavoz del Grupo Popular, Pilar Miranda, ayer en el Ayuntamiento. / h.i,

El Grupo Popular llevará al pleno de la próxima semana una moción para que el Ayuntamiento de Huelva defienda la prisión permanente revisable, en contra de la iniciativa que busca la derogación en el Congreso de los Diputados de la ley que habilitó esta pena en España hace tres años.

La portavoz del PP, Pilar Miranda, explicó ayer que su propuesta se basa en el mayoritario rechazo popular a la derogación, patente en las encuestas que señalan el apoyo a la medida instaurada por el Gobierno en la anterior legislatura. "Cuatro españoles frente a uno son partidarios de que se pueda aplicar esta condena", señaló Miranda. "Y en tres días se han recogido más de 1.300.000 firmas en contra de su derogación".

La concejal del Grupo Popular recordó que esta medida toca de cerca a Huelva, por los asesinatos de los pequeños Mari Luz Cortés y los hermanos Ruth y José Bretón, que ha colocado a Juan José Cortés y Ruth Ortiz en primera línea de la plataforma nacional en apoyo de que esta pena se pueda aplicar en los tribunales españoles. "Es una medida constitucional porque no impide que al cabo de los años se pueda revisar la condena. El Tribunal de la Unión Europea la apoya y muchos países de nuestro entorno la aplican", aseguró Pilar Miranda.

En el pleno del miércoles, además, el edil de Participa Huelva, Jesús Amador, pedirá que el Consistorio onubense adopte a tiempo los términos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el 9 de marzo con los preceptos que marca la Unión Europea a través de dos directivas de 2014.

Amador explicó que las contrataciones de obras y servicios municipales, "según detalla el artículo 145", se deberán adjudicar a partir de ahora "con criterios más allá del precio de licitación".

"La nueva ley habla de criterios de calidad, de empleo, medioambientales, sociales, de igualdad o de equidad salarial. Puede que la oferta de una empresa sea un poco más alta que otra pero podría ser más adecuada por tener un mayor impacto en el empleo local, que sería generar riqueza en la ciudad", explicó Amador.

El representante de Participa, además, destacó que la cuantificación de los nuevos criterios redundará en "más transparencia".

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