Huelva

Once detenidos por conseguir y lucrarse de visados europeos ilegales

  • Los beneficiarios podían obtener contratos y cobrar el paro con los papeles fraudulentos

Instalaciones de la Oficina de Extranjeros de Huelva. Instalaciones de la Oficina de Extranjeros de Huelva.

Instalaciones de la Oficina de Extranjeros de Huelva. / alberto domínguez

El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado, en el marco de la llamada operación Caramelo, una banda delictiva dirigida por dos personas que se encargaba de cobrar a inmigrantes entre 110 y 210 euros por gestionarles y tramitarles de forma fraudulenta los certificados de registro como ciudadanos de la Unión Europea. Estas dos personas, además, los acompañaban a la Oficina de Extranjería de la calle Fernando el Católico para llevar a cabo el trámite, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

En el desarrollo del operativo ya han sido arrestadas 11 personas, los dos cabecillas del grupo y nueve beneficiarios, que ya han sido puestos a disposición judicial. Sin embargo, una vez que los investigadores de la Brigada de Extranjería de Huelva han empezado a tirar del hilo no se descarta que se produzcan nuevos arrestos en los próximos días. A los detenidos se les atribuyen delitos relacionados con la falsedad documental.

Los cabecillas cobraban a los inmigrantes entre 110 y 210 euros por gestión

La investigación policial se gestó en el momento en que los dos presuntos cabecillas de la banda comenzaron a acudir de forma regular a la Oficina Única de Extranjeros de Huelva para formalizar esos visados que permiten a los migrantes de países no comunitarios registrarse como ciudadanos de la Unión Europea.

Generalmente iban acompañados de mujeres -las presuntas beneficiarias- y aportaban como lugar de empadronamiento siempre el mismo domicilio, lo que acabó llamando la atención de la Policía Nacional.

Estos beneficiarios llegaban a pagar entre 110 y 210 euros por el trámite y la consecución del certificado en cuestión. Esto lo lograban mediante la falsificación de los empadronamientos, que además les servían para formalizar contratos de trabajo y obtener créditos salariales, además de subsidios por desempleo.

Los agentes encargados de la operación Caramelo realizaron las gestiones precisas para asegurarse de que era un fraude, lo que les ha llevado a detener a las once personas relacionadas con el asunto.

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