Se avecinan dos semanas clave para cientos de empresas acreedoras del Ayuntamiento de Huelva, que ya ha puesto rumbo a la 'Operación Proveedores', como la bautizó el ministro Montoro. A cuentagotas se van despejando las incógnitas sobre este mecanismo de financiación que ha diseñado el Gobierno para atajar buena parte de los impagos de las entidades locales, un proceso obligatorio para todos los consistorios que se extrapolará igualmente a las comunidades autónomas.

Mientras el departamento municipal de Intervención pone en orden en Huelva en el maremágnum de facturas pendientes a 31 de diciembre de 2011 -que tendrán que presentarse el 15 de marzo al Ministerio de Hacienda- el equipo de Gobierno comandado por Pedro Rodríguez (PP) acata este decreto como una oportunidad para sanear las arcas de la Gran Vía y, a su vez, dar oxígeno a las pymes. Una medida que la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha visto "esperanzadora" después de cuatro años de crisis, morosidad en la Administración y restricción crediticia. El panorama se ensombrece con la previsión de recortes más drásticos y nuevas subidas de impuestos, el purgatorio para salir de la crisis.

La relación de facturas que se está actualizando -abierta posteriormente a alegaciones- vendrá a depurar una deuda que, según fuentes municipales, ronda los 150 millones de euros sumando las obligaciones pendientes con trabajadores del Ayuntamiento, débitos comerciales e impagos a colectivos y asociaciones. El montante que estará sujeto al nuevo mecanismo de financiación será, no obstante, considerablemente inferior, pues, al ceñirse estrictamente a deudas generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de prestaciones que se incardinen en la Ley de Contratos del Sector Público.

En esta fase embrionaria el Ayuntamiento considera prematura cualquier aproximación de cifras, a expensas de que en los próximos días se conforme el expediente completo y se conozcan todos los criterios estatales. Con esa finalidad se convocará este miércoles la Comisión Nacional de la Administración local.

Una premisa que va por adelantado es que ya no hay tijera, sino motosierra. El ahorro se tendrá que extremar, y el imperativo de combatir el déficit aboca este escenario a nuevos incrementos fiscales para compensar la caída de ingresos en todos los frentes. Y es que en esta operación de Montoro, la financiación para pagar a los proveedores municipales está condicionada a la viabilidad del plan de ajustes que debe presentar el Consistorio antes del 31 de marzo (el chaparrón se programa seis días después de las elecciones autonómicas) y que tendrá como base el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 que el Ayuntamiento de Huelva aprobó hace tres meses.

En estos enjuagues contables, los periquistas están a la expectativa de que el próximo 12 de marzo se conozca el reglamento que desarrollará el decreto, para esbozar las consecuencias que va a tener para la ciudad toda esta hecatombe, una bola de nieve que llega desde Bruselas y aprieta cada vez más a las Administraciones locales para reducir el gasto. Que esta ebullición coincida con la campaña de los comicios andaluces -a los que se asocian, además, profundos cambios en el Consistorio onubense- no hace más que acrecentar la incertidumbre.

De momento, la información con la que se saldaron las dos últimas sesiones del Consejo de Ministros permite perfilar un calendario de pago a proveedores que, en principio, arrancaría el 1 de mayo y tendría que liquidarse al final del ejercicio.

Se trata de refinanciar la deuda a entidades locales en un plazo de diez años, con dos de carencia, para garantizar la viabilidad de la reestructuración. En el periodo de carencia sólo deben pagarse los intereses. Tregua hasta 2014, pues. El crédito sindicado a diez años al que dio luz verde este viernes el Consejo de Ministros es una cesión a las peticiones planteadas por los municipios a través de la Femp, que habían solicitado intereses bajos y plazos amplios en este plan. La operación se hará a través de un consorcio bancario en el que participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la práctica totalidad de las entidades financieras, según aclaró el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.

El interés del préstamo será el del Tesoro más 115 puntos básicos, con lo que rondará el 5%.

El importe al que se puede llegar con este mecanismo asciende a 35.000 millones de euros. El montante que correspondería a Huelva no se cuantificará hasta que Hacienda revise el listado de acreedores que está confeccionando el Ayuntamiento. La concejal Mabel Valle dirige este cometido dentro del área del teniente de alcalde de Economía, Juan Carlos Adame. Para justificar la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores, la lista se emitirá telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio, incluyendo la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro.

Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión y las cuantías que les afecta. En el caso de que no aparezcan en el listado, si aportan la documentación necesaria, podrán reclamar al Ayuntamiento que emita un certificado individual y "éste no podrá negarse", recoge el acta ministerial.

La norma contempla que el incumplimiento por parte de los funcionarios competentes de las obligaciones de expedición de certificaciones y comunicaciones previstas tendrá la consideración de faltas muy graves.

El mecanismo de financiación que se aprobará en las próximas semanas estará vigente durante 2012. Se fijarán como criterios para la prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago o la antigüedad de la factura.

Como destacó Montoro tras el último Consejo de Ministros (en el que, además, se aprobó el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria), lo que se busca con este procedimiento es "una puesta al día con las empresas para acometer una reforma de las grandes áreas de gasto público" y controlar el déficit. "La Operación Proveedores -concluyó el titular de Hacienda- es una gran ventana para acometer esos cambios".