El Juzgado de Instrucción número 3 ha tomado declaración, en esta semana, a los investigados y testigos relacionados con el expolio en parte del yacimiento arqueológico Santa Marta-La Orden, tras los movimientos de tierra que sufrió la zona el pasado mes de diciembre, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. El juzgado se encuentra a la espera de la documentación que requirió al Ayuntamiento con el fin de depurar responsabilidades.

El juez ha tomado declaración, en estos días, a responsables de Bekinsa, propietaria de los terrenos afectados y de la empresa encargada de los movimientos de tierra, así como a testigos y denunciantes de los hechos, como un vecino de la zona y el arqueólogo Diego González, en una zona inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de la Zona Arqueológica de Huelva, siendo por tanto Bien de Interés Cultural (BIC), desde 2007.

Como medida cautelar, el juez acordó una intervención arqueológica en la zona a cargo de profesores de la Universidad de Huelva, expertos en la materia, bajo la supervisión de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que posteriormente actuarán como peritos del juzgado. El Ayuntamiento también abrió cuatro expedientes sancionadores a estas empresas.