Después de años de promesas, enfrentamientos y polémica, en la recta final de 2007 -con una nueva convocatoria electoral a la vuelta de la esquina- el debate sobre la futura Ciudad de la Justicia de Huelva quedaba aparcado. Al menos, provisionalmente. El año que se despedía hace una semana quedará guardado en las hemerotecas como aquél en el que se dio largas al proyecto de dotar a la capital onubense de una nueva y moderna sede judicial. Y también se dan largas a la principal reivindicación de las instancias judiciales, que ha visto como se ha guardado en un cajón (y no saben a ciencia cierta por cuanto tiempo) su deseo de dar un portazo al actual Palacio de Justicia, más parecido a una caja de cerillas y a un incómodo laberinto, inoperativo y carente de espacio.

Aunque la Junta andaluza insiste en todo momento en que no hay renuncia al proyecto, lo cierto es que en el primer trimestre del año se producía un vuelco en las expectativas en torno a la Ciudad de la Justicia. Después de una ronda de contactos silenciosos con todas las partes, directa o indirectamente relacionadas con la Administración de Justicia, la Consejería del ramo presentaba su proyecto: la remodelación de la cascada y vieja ex sede de la Delegación de Educación, ubicada en la Alameda Sundheim, frente a frente del Palacio de Justicia.

La Administración se empeñaba en subrayar que la remodelación no es más que una respuesta inmediata a las necesidades del sector judicial, el mismo que se unió en una sola dirección y con una única voz para decir un no rotundo a estas obras, que consideran un parcheo a su situación. En su momento, el rechazo fue tal que incluso llegó a dirigir un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que tomara cartas en el asunto.

En plena polémica, se producía el relevo al frente de la Presidencia de la Audiencia Onubense y aterrizaba en el cargo Jesús Fernández Entralgo, dando un giro a la posición que hasta la fecha se había mantenido desde la Presidencia. Fernández Entralgo hacía hincapié en que las cosas no se hacen de hoy para mañana, dejaba caer que la dificultad podría llegar de la cesión de los terrenos y apostaba por la reforma del viejo edificio como "mejor solución" en los momentos que corren.

La reacción de las instancias judiciales no se hizo esperar ni una semana. Un año después de la rebelión de los operadores jurídicos, la negativa se convertía en resignación y se introducían cambios y matices. Después de que la Junta, con la palabra irrenunciable en el inicio de todas sus intervenciones, diera pelos y señales de las obras de educación, las instancias judiciales optaban por abrirse a la posibilidad de soluciones intermedias y dar un margen de confianza a la Administración.

El enfrentamiento institucional que mantienen el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía a costa de los terrenos para ubicar la futura Ciudad de la Justicia vivía otro episodio en plena campaña de las elecciones municipales. La Consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, afirmaba que en el caso de que la candidata socialista, Manuela Parralo, llegara a la Alcaldía, la capital tendría con toda seguridad la demandada Ciudad de la Justicia.

El proyecto quedaba aparcado y no sólo por las anunciadas obras en Educación (que ya se están ejecutando) sino por los cambios que se han ido produciendo en el discurso de la Administración de Justicia con el paso del tiempo. Mientras en noviembre de 2005, se afirmaba que el proyecto se programaría en un espacio de tiempo no muy lejano, dos años después se daba una nueva vuelta de tuerca a los plazos.

En verano, cuando supuestamente las obras de Alameda Sundheim deberían haber estado ya en marcha (y no lo estuvieron), el delegado provincial del ramo, Darío Canterla, volvía a hablar de la Ciudad de la Justicia y en aquel momento le ponía fecha aproximada: el proyecto podría convertirse en realidad en el horizonte de diez años teniendo en cuenta -apostillaba- que, desde ese momento, habría que iniciar el proyecto, los estudios y la ejecución de las instalaciones, a las que luego habría que dotar de material.

Las voces se acallaron desde aquel momento y la Ciudad de la Justicia, salvo una previsible reaparición en el debate político ante las próximas elecciones de marzo, se ha convertido en un espejismo más allá del 2015.

Mientras tanto, pasaba el verano y las obras en la vieja sede de Educación se demoraban respecto al calendario inicialmente establecido por la Consejería de Justicia. A fin del año, la remodelación está en pleno desarrollo y a la vuelta del verano deberán estar concluidas. La sede judicial, cuyas obras cuentan con un presupuesto de 2,3 millones de euros, albergará hasta diez órganos judiciales, tales como seis de Primera Instancia, dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo y otro de Vigilancia Penitenciaria. Además, quedará "un hueco" en el que podría ubicarse un Juzgado de Familia u otro de lo Contencioso-Administrativo.

El inicio de la remodelación del edificio que durante años albergó la sede de la delegación de Educación y la apertura del Juzgado de Violencia Doméstica llegan en el primer año de mandato del presidente de la Audiencia Onubense, Jesús Fernández Entralgo. Sin conformismos pero con flexibilidad, el presidente sigue manteniendo que "lo importante es y siguen siendo" la Ciudad de la Justicia para los operadores jurídicos per o, al mismo tiempo, acepta con buen ánimo la solución intermedia. "Lo urgente es que se resuelvan cuanto antes las deficiencias y la situación catastrófica en que se encuentra la Administración de Justi-cia en Huelva", según ha declarado en diversas ocasiones.

Después de la apertura del Juzgado de Violencia Doméstica, Fernández Entralgo considera que el siguiente paso debe de venir por el Juzgado de Familia. En su primer análisis de la situación de la Justicia en Huelva, señaló que en materia de infraestructuras, el diagnóstico pasa por ver si determinados órganos judiciales tienen o no una carga de trabajo excesiva como para multiplicar o crear nuevos órganos. Es partidario de que el gasto público no se haga de forma irreflexiva y ve importante también la dotación material de las todas las dependencias de la Audiencia.