Huelva

La Junta estudiará "caso por caso" la situación de las casas de El Calabacino

  • El delegado de Medio Ambiente señala la "gravedad" de los hechos cometidos en Alájar

Residentes del Calabacino ayer frente al Palacio de Justicia después de conocer la sentencia. Residentes del Calabacino ayer frente al Palacio de Justicia después de conocer la sentencia.

Residentes del Calabacino ayer frente al Palacio de Justicia después de conocer la sentencia. / ecoaldea facebook

El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, José Antonio Cortés, recordó que la Administración regional, dentro del proceso administrativo abierto, estudiará "caso a caso" la situación de las viviendas de la ecoaldea de El Calabacino, en Alájar, municipio enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Cortés mostró su respeto por la sentencia de conformidad dictada tras el acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa del matrimonio acusado de construir una vivienda supuestamente ilegal en la aldea.

En este punto, el delegado aclaró que en dicha sentencia se deja claro "la gravedad" de los hechos, puesto que se señala que los mismos son constitutivos de un delito contra la Ordenación del Territorio, del artículo 319.1 del Código Penal, de manera que procede imponer a cada acusado la pena de un año y seis meses de prisión; y el delegado ha dejado claro que es un hecho objetivo que "se ha cometido una irregularidad".

Además, la sentencia recoge el acuerdo de la demolición de las construcciones reseñadas en la conclusión primera a cargo de los acusados y previa elaboración por los mismos de un proyecto técnico que, con licencia del Ayuntamiento y el visto bueno de la Dirección del Parque Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, garantice la restauración total del espacio natural afectado. No obstante, no procederá dicha demolición si en el plazo de cinco años se declara por las administraciones competentes su legalización expresa.

Así las cosas, Cortés apuntó que su delegación, junto al Ayuntamiento de Alájar, trabaja para buscar alternativas que garanticen la convivencia entre estos vecinos y el medio natural, pero "siempre bajo el marco legal". En concreto, precisó que algunas de esas viviendas se podrán regularizar dentro de la figura de hábitat rural diseminado al amparo del decreto 2/2012.

Tras recordar que el Ayuntamiento de Alájar trabaja en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el delegado quiso recordar que el proceso administrativo está abierto en la Administración regional para valorar "cada caso".

"Algunas se podrán regularizar pero no todas", añadió el responsable de la política ambiental e incidió en que "esta sentencia no deriva en que sea el resultado para todos los procesos". "No se va a hacer una ley sólo para la aldea", continóo Cortés, que insistió en todas las normas de ámbito ambiental que hay que cumplir.

"Se podrá regularizar lo que se pueda, lo que no, pues no", afirmó tajante el delegado de Medio Ambiente en Huelva, pero quiso dejar claro que "tanto en el proceso administrativo como en la necesidad de cada caso se estudie de manera individual".

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