La hoja de ruta modificada que la Junta ha entregado a Astilleros de Huelva es su última oferta. Al menos así se deduce de las palabras del consejero de Innovación, Martín Soler, quien advirtió ayer que si la empresa no acepta el plan se pondrán en marcha "medidas de carácter administrativo y judicial a través de Pymar" para salvar los astilleros de Sevilla y Huelva.

La Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) es la principal acreedora de Astilleros, a la que ha avalado una cantidad cercana a los 200 millones de euros. Está participada por la Junta de Andalucía (así como por otras administraciones y astilleros privados), y por ello sería la encargada de tomar las medidas anunciadas por el consejero (que declinó pronunciarse sobre su naturaleza en declaraciones a Efe) en el caso de que se rechace de nuevo el plan de la Junta. Sobre esta posibilidad, Soler aseguró que los propietarios no tienen "ninguna excusa para no aceptar la propuesta" y dio de plazo a la empresa hasta hoy "como máximo" para pronunciarse.

Por parte de los trabajadores, varios representantes sindicales en la industria auxiliar naval onubense, como Manuel Martos (representante de CCOO en IINH) y Servando Díaz (miembro de USO en Nueva Lima), anunciaron su oposición a la modificación planteada por la Junta de Andalucía sobre la hoja de ruta, ya que ésta "enturbia los términos pero no aclara lo principal y es si se va a mantener o no la actividad en Huelva". Díaz explicó que, a pesar de sustituirse el concepto de cese ordenado de la actividad por el de reestructuración no se recoge el mantenimiento de la actividad naval en la provincia "mientras que sí lo hace para Sevilla". Además, tampoco agrada que la decisión sobre el futuro de la empresa recaiga sobre un administrador único. Por último, los sindicatos desconfían de la intención de facilitar la finalización de los buques paralizados, ya que "no se recoge que se vayan a terminar de construir en Huelva".

También IU mostró ayer su disconformidad con la nueva propuesta, puesto que "cambia los términos pero sigue con los mismos objetivos", aseguró el coordinador provincial Pedro Jiménez, destacando que "la intención de la Junta es que haya un administrador único que lleve a cabo el cierre".