La consejera de Justicia en funciones de la Junta de Andalucía, María José López, insistió hoy en que la responsabilidad de que el presunto asesino de Mari Luz Cortés no cumpliera la sentencia firme que le condenó por abusar de su propia hija recae "exclusivamente" sobre el juez titular del Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla, Rafael Tirado, a quien "nadie pudo avisar" de que Santiago del Valle continuaba en libertad porque dicho juez "nunca" inició la ejecución de la sentencia condenatoria de 2002.

López desmintió de nuevo las afirmaciones del juez Rafael Tirado Márquez en las que responsabilizaba de los hechos a la Junta de Andalucía por no haber sustituido a una funcionaria que estuvo de baja varios meses. Afirmó que dicha funcionaria estuvo de baja durante 43 días por un esguince de tobillo, del 29 de marzo al 8 de mayo de 2006, y además "fue sustituida".

La consejera en funciones subrayó que la investigación abierta por la Junta sobre el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que ha sido remitida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), concluye que "en toda la legislatura no hubo solicitud de refuerzo ni horas extraordinarias para compensar a funcionarios por si había trabajo extraordinario", así como que cuenta con "ocho funcionarios, la plantilla al completo y durante toda la legislatura".

Asimismo, señaló que en las causas con preso, "hay un chivato en el ordenador", --así es como le llaman los funcionario de los juzgados-- que indica "en qué momento y en qué situación está el procedimiento". "Por tanto, lo que había ocurrido es que el inicio del procedimiento para la ejecución de la sentencia ni siquiera se había iniciado y no había ningún señalador ni nada que le hiciera referencia a que ese procedimiento estaba sin resolver", explicó. "Es un fallo claramente del juez, quien tiene que impulsar la ejecución es su señoría.

Por otro lado, López dijo, a propósito de la creación de un registro de pederastas o el endurecimiento de las penas, ser partidaria primero de hacer cumplir la ley "adecuada y debidamente" y no tomar decisiones de este tipo de forma precipitada en el momento en el la ciudadanía está consternada por la muerte de Mari Luz. A su juicio, este tipo de decisiones deberán adoptarse "posteriormente", esto es, "desde el convencimiento" de que las medidas son las más adecuadas para que tipo de situaciones no se vuelva a producir.

Asimismo, María José López, aseguró que entiende que la familia de Mari Luz Cortés estudie pedir responsabilidades al Ministerio de Justicia por los "errores" que han provocado que el presunto asesino de su hija no cumpliera la sentencia firme que le condenó por abusar de su propia hija y señaló que la labor de las administraciones se centra ahora en "tratar de dejar esclarecido donde están los errores y las dilaciones" registradas en el caso "de forma inadecuada".

Tirado Márquez cree que los documentos aclararán su intervención

El juez Rafael Tirado Márquez, que dejó en libertad al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha dicho que no quiere entrar en polémica con la Junta sobre la baja de la funcionaria que ejecuta las sentencias pero ha asegurado que la documentación demostrará lo sucedido.

Según los datos recabados, tanto la delegación provincial de Justicia como el juez coinciden en que la baja de la funcionaria comenzó el 30 de marzo de 2006, pero la Junta asegura que fue sustituida 40 días después, el 8 de mayo. El juzgado, sin embargo, sostiene que la funcionaria no fue sustituida hasta agosto, con una breve suplencia de una persona durante tres días de julio.

Por otra parte, el juzgado de lo penal 4 de Sevilla ha dejado sin efecto la remisión condicional de la condena de dos años de cárcel impuesta a Santiago del Valle García, por entender que la muerte de la niña podría ser un incumplimiento de la condición de no delinquir.

Fuentes del caso han dicho que la condena por tocamientos libidinosos a una niña de 9 años, cometidos en julio de 2003, estaba suspendida condicionalmente entre el 23 de febrero de 2006 y la misma fecha de 2008, ya que el acusado carecía entonces de antecedentes penales.

Según dichas fuentes, cuando el juez supo de la detención de Santiago del Valle, el pasado 26 de marzo, emitió un auto para dejar sin efecto dicha remisión condicional, en aplicación de una jurisprudencia según la cual han "cambiado sustancialmente" las condiciones del acusado.

Del Valle., procesado por otros abusos sexuales a una niña de 4 años, estaba citado el próximo 7 de abril por el forense del juzgado de instrucción 8 de Sevilla para ser sometido a un examen psiquiátrico. Dicho informe ha sido solicitado ahora a Huelva como provincia donde cumple prisión preventiva, y al mismo se han unido los antecedentes de enfermedad mental del acusado, han explicado fuentes del caso.