El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbanos es el que genera más ingresos ya que supone un 62% de la recaudación municipal a través de tributos. A la espera de que los impuestos y tasas para 2015 se publiquen oficialmente, los valores de referencia son los de 2014, ejercicio en el que el Ayuntamiento de Isla Cristina lideró el ránking de los 79 municipios de la provincia en cuanto al IBI más caro.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, Isla Cristina, cuya última revisión catastral data de 1997, fijó un tipo del 1,1000, ligeramente por encima del de Huelva capital (1,0620) y Moguer (1,0500), que completan el podio de los municipios en los que más se paga por los inmuebles.

Tras los mismos, se encuentran Bonares, cuyos vecinos abonan un tipo del 1,0000, Lepe (0,9600), Zalamea la Real (0,9200), Hinojos (0,9000), Nerva (0,8500), Bollullos (0,8500), Cartaya (0,8500) y Chucena (0,8500). Dicha relación incluye tanto algunos de los pueblos más poblados de Huelva pero también otros con menor número de habitantes, lo que refleja que no hay una relación directa entre el tipo a pagar y la variable demográfica.

En el lado opuesto, con el tipo más bajo, se encontraban en 2014 Cortelazor, Encinasola, Rosal, Zufre y Linares, todos ellos con un IBI del 0,4000.

Pero el hecho de que este gravamen, que se aprueba en el Pleno, sea bajo no implica que el recibo final lo sea también ya que influyen otros factores, como la superficie o la calle en la que se ubique el inmueble, así como el año de la última revisión catastral, cuando se fijaron los valores de la vivienda por los que hay que multiplicar el coeficiente.

A todo ello se une el que el Gobierno central ha prorrogado también para este año las medidas excepcionales para reducir el déficit público que afectan al IBI. Así, por ejemplo, los municipios cuya revisión catastral es anterior al año 2002 deben aplicar un tipo mínimo del 0,6 y un recargo del 10% en los recibos; los que tienen valores revisados entre 2002 y 2004 deben aplicar un tipo mínimo del 0,5 y un recargo del 6% para la mitad de sus inmuebles más caros. Si la revisión se hizo entre 2008 y 2011, el recargo es del 4%. De estas medidas sólo se libran los municipios con revisión catastral hecha entre 2005 y 2007, con los precios sobrevalorados entonces.