El Gobierno busca una solución final y sin fisuras legales para las fosfoyesos

  • La ministra de Medio Ambiente, Zarrías y cuatro consejeros negociaban anoche la 'hoja de ruta' para el cese de los vertidos a las marismas de Mendaña.

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Nuevo paso para acabar con la situación de stand by en la que se encuentra Fertiberia, sus trabajadores y el futuro de las Marismas de Mendaña, donde se acumulan miles de toneladas de fosfoyesos generados por dicha compañía. En el plazo de dos meses podría estar trazada la hoja de ruta que debe seguir la empresa a fin de acatar la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que declaró caducos los permisos para seguir vertiendo dichos residuos.

Así lo indicó ayer la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que a la hora de cerrar esta edición, pasada la medianoche, mantenía en Madrid una cumbre de alto nivel con el secretario de Estado de Política Territorial y ex vicepresidente primero de la Junta, Gaspar Zarrías, y cuatro consejeros del Gobierno andaluz -Gobernación, Luis Pizarro; Innovación, Martín Soler; Empleo, Antonio Fernández, y Medio Ambiente, Cinta Castillo- además de varios dirigentes del PSOE de Huelva, encabezados por su secretario general, Mario Jiménez.

En el transcurso de la reunión, se intentaban marcar las pautas a seguir por la empresa para afrontar un proceso en el que se pretende conciliar "todos los intereses que están en juego". Según fuentes presentes en la cita de ayer, el objetivo no es otro que garantizar el cumplimiento de la mencionada sentencia sin poner en peligro el futuro de la plantilla de Fertiberia, en la que se integran 367 trabajadores, a los que habría que añadir los de otras factorías presentes en el Polo Químico cuya actividad está ligada de una u otra forma al futuro de Fertiberia.

El paso para la ejecución del fallo de la Audiencia Nacional corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar -dependiente del departamento de Medio Ambiente- que deberá dictar una resolución en la que se establezcan los pasos a seguir por Fertiberia, que también debe responsabilizarse de las tareas de recuperación ambiental de la zona degradada.

Se trata, según fuentes presentes en la cita de anoche, de que la resolución de Costas no ofrezca a ninguna de las partes implicadas la posibilidad de presentar un recurso judicial contra ella y que sea de cumplimiento obligado en un plazo determinado, todo ello sin olvidar el futuro de los trabajadores.

La portavoz y secretaria de Política Institucional de la ejecutiva provincial del PSOE, María José Rodríguez, manifestó ayer que la reunión de anoche suponía "un paso más de los muchos ya dados para hallar una solución a Fertiberia". Según Rodríguez, esta solución debe abarcar "el acatamiento de la sentencia, el aspecto humano, laboral y social de los trabajadores, que permita a estos y a los que dependen de la actividad de otras industrias, relacionadas con la producción e instalaciones de Fertiberia, adaptarse de la mejor forma posible".

Aseguró que es fundamental, por parte de la empresa, "un compromiso económico" que garantice el mantenimiento de la actividad, la renta de los trabajadores y el proceso de restauración de las balsas de fosfoyesos, subrayando que corresponde al Gobierno central establecer un calendario concreto, "un marco temporal claro y lo suficientemente amplio para permitir que esto se dé", así como una resolución "avalada jurídicamente, con todos los fundamentos" para que cuente con "plenas garantías para todo lo que está en juego".

En este sentido, desde el Partido Socialista en Huelva se realizó un llamamiento a la sociedad, ya que "es preciso asumir que el bien jurídico es proteger, junto al medio ambiente, el empleo de los trabajadores", y más en este tiempo de crisis, "en que las cifras de desempleo son crudas", indicando que Fertiberia "tiene protagonismo crucial entre las industrias del Polo, hay sinergias entre unas y otras, es un momento que exige responsabilidad y compromiso".

Por otra parte, Rodríguez recalcó que fue el Partido Popular el que puso en marcha las acciones legales que han culminado en la última sentencia. Indicó que fue en 2003 con el Gobierno de Aznar, cuando desde el Ministerio de Medio Ambiente se decreta la caducidad de verter en las balsas de fosfoyesos, "no le importó el destino de los trabajadores, ni el futuro de los terrenos ocupados por las balsas de fosfoyesos".

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