El Foro se da cinco años de plazo para acabar con los asentamientos

  • La Junta y los ayuntamientos analizan la disponibilidad de suelo para actuaciones urbanísticas

  • Los incentivos al alquiler son otra medida para abordar los problemas habitacionales

Dos migrantes subsaharianos en plena tarea de construcción de una chabola con un armazón de cañas. Dos migrantes subsaharianos en plena tarea de construcción de una chabola con un armazón de cañas.

Dos migrantes subsaharianos en plena tarea de construcción de una chabola con un armazón de cañas. / h.información

Las administraciones y los agentes sociales continúan coordinando las medidas de atención a la población migrante que se encuentra en Huelva en asentamientos de chabolas diseminados en municipios eminentemente agrícolas a lo largo de la costa.

Ayer el Foro Provincial de la Inmigración de Huelva celebró un pleno que presidió el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco Romero, y al que asistió también el director general de coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Luis Vargas.

La intención es organizar cuatro reuniones al año, según Francisco Romero

Según explicó Vargas el foro prevé acabar con los asentamientos chabolistas en un plazo de cinco años. En ello trabajan las distintas administraciones implicadas cada una desde sus competencias (Junta de Andalucía, Gobierno central, Diputación Provincial y ayuntamientos), los empresarios, sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Vargas destacó que es fundamental contar con una mesa de estas características en la que se establezca un cauce de participación y debate entre las instituciones y el resto de participantes en la misma para promover la integración social de las personas migrantes y se mejore la asistencia durante el tiempo que están en la provincia.

Erradicar los asentamientos de chabolas de migrantes no es nada fácil, sino algo complejo, de ahí la coordinación que se necesita no sólo entre las administraciones, sino incluso con los propietarios de las fincas en las que están instalados, indicó.

Mientras, se está estudiando con los consistorios una serie de medidas para hacer frente a los problemas habitacionales que tiene el conjunto de migrantes que viven en alojamientos infrahumanos. Una de las medidas es determinar la disponibilidad de suelo público en los municipios para poder llevar a cabo actuaciones urbanísticas. Otras acciones que se barajan son introducir en las ordenanzas municipales bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o exenciones en el impuesto de construcción, teniendo en cuenta la disponibilidad de suelo existente, o incentivar la introducción en el mercado de viviendas vacías.

El objetivo es, según el director general de coordinación de Políticas Migratorias, "seguir dando pasos y hay voluntad para ello, porque estamos convencidos de que esta imagen del sector agrícola es falsa", y apuntó que "los asentamientos no van a desaparecer de un día para otro, ya que es necesaria una gran labor pedagógica y de mediación".

Vargas se refirió los diferentes trabajos desarrollados por el grupo específico, constituido en el seno del foro hace dos años y que ha contado con la participación activa de las ONG. En este sentido, señaló que existe un sólido consenso en el abordaje paulatino de la supresión de los asentamientos en los diferentes municipios, adaptando las actuaciones a las particulares circunstancias del territorio.

Por su parte, Francisco Romero señaló que la próxima reunión será en un mes, ya que el objetivo organizar unas cuatro al año. En este sentido, y dentro de las competencias que le corresponden a la Junta de Andalucía, el delegado cifró en casi 173.000 euros la cantidad aportada durante el pasado año por la Consejería de Justicia e Interior en subvenciones para ayudas sociales a las que se pudieron acoger 15 organizaciones que trabajan con inmigrantes en la provincia de Huelva.

Otra línea fue la destinada a los ayuntamientos de Huelva, Moguer y Almonte en concepto de ayudas para lograr soluciones habitacionales a los inmigrantes que se encuentran en estos momentos en la provincia onubense, a lo que se destinaron 124.000 euros.

La Junta de Andalucía ha aumentado para 2018 a nivel regional la financiación para la Delegación del Gobierno en Huelva hasta los 75.925 euros, destinadas a las ONG. Igualmente, el presupuesto ha incrementado para este año sus partidas hasta un millón de euros, destinados a las entidades locales andaluzas para que realicen proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes.

El Foro Provincial de la Inmigración cuenta con la participación de más de una veintena de miembros representantes de diferentes administraciones, organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de la inmigración y la interculturalidad.

Entre sus principales funciones se encuentran las de mejorar la gestión de la diversidad, facilitar el diálogo y la comunicación entre la población inmigrante y la sociedad de acogida; formular propuestas y recomendaciones para promover desde las administraciones la integración social y conocer los programas y actividades que llevan a cabo los organismos públicos en esta materia.

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