El onubense E.E.E., mayor de edad y sin antecedentes, se enfrenta a una petición de condena de 84 años de prisión por grabar a sus inquilinos con una cámara colocada tras el espejo del baño de una vivienda que alquilaba en la zona de El Cerrito de Punta Umbría, donde llegó a asaltar la intimidad de 21 víctimas.

Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía de Huelva, al que ha accedido Huelva Información, y en el que se detalla que los hechos se produjeron en junio de 2015, cuando el casero alquiló la casa a la principal víctima (la única identificada) y a su familia.

16Años. Será el máximo que cumpliría si finalmente el juez estima la acusación de la Fiscalía

En ese mismo mes, E.E.E., "con el propósito de atentar contra la intimidad ajena, aprovechó un agujero existente tras el espejo del cuatro de baño que comunicaba dicha estancia de la vivienda alquilada con el garaje anexo".

La cochera también era de su propiedad, pero no había sido arrendada. Allí, valiéndose de la abertura del muro, colocó una videocámara. La activó "en condiciones aptas para la captación de imágenes".

De hecho, asegura el Ministerio Público, "la encuadró para que captase la zona del lavabo y la ducha a través de una zona raspada del espejo que lo hacía transparente desde su parte trasera". Y activó el equipo de filmación.

De este modo subrepticio consiguió grabar en vídeo a la principal víctima, que figuraba en las imágenes "desplegando actividades de su intimidad más restringida: duchándose, aseándose desnuda y, posteriormente, vistiéndose". Todo, claro está, "sin su conocimiento ni su consentimiento".

Fueron los propios inquilinos los que se percataron de que algo extraño ocurría con el espejo del baño, que no se empañaba pese al vapor de la ducha y que detectaron destellos luminosos detrás de la luna", como indicaron a este rotativo los arrendatarios de la vivienda superior cuando se produjo la detención del casero en 2015.

Ante las sospechas, uno de los afectados descolgó, con ayuda de su madre, el cristal reflectante que colgaba de la pared del baño. Se sorprendieron al descubrir el boquete en la pared que daba al garaje y la manipulación de la propia para que se pudiera grabar a través de ella.

Cuando la Guardia Civil detuvo al acusado, le intervino una cámara con dos cintas miniDV, un ordenador con su correspondiente disco duro y un teléfono móvil. Todo estaba desplegado en el garaje, que parece ser que era su base de operaciones.

La acusación pública mantiene que el análisis por parte de los investigadores de estos efectos y herramientas "para la captación y visualización de grabaciones" ilegales, dieron como resultado la localización de vídeos en los que aparecían "imágenes íntimas de, al menos, veinte personas distintas de la víctima, que no han podido ser identificadas". Todo estaba rodado en el mismo cuarto de baño, "a través del mismo procedimiento y con el mismo propósito", se subraya en el escrito de la acusación pública.

Con este panorama entre manos, el fiscal delegado contra la Criminalidad Informática, Alberto Campomanes, considera que E.E.E. es responsable de la comisión de 21 delitos contra la intimidad. En ello concurre la agravante de aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.

Así que a Campomanes no le ha temblado el pulso y pide al juez que le imponga una pena de prisión de cuatro años por cada uno de los 21 delitos, 84 años en total. No obstante, el fiscal explicó a este diario que la ley establece que el acusado "no podrá cumplir más del triple de la pena más grave, salvo que se trate de delitos de terrorismo, homicidio o similares; es decir, que en el caso de una condena acorde con nuestra acusación, no cumplirá más de 16 años de prisión".

Además, E.E.E. tendrá que hacer frente a una multa global de 211.680 euros -10.080 euros por cada uno de los delitos-.

Aunque no consta que la víctima identificada haya sufrido lesiones psíquicas, sí "se ha sentido gravemente ofendida al ver expuesta su intimidad". Por ello y en concepto de responsabilidad civil, el procesado tendrá que indemnizarla con 4.000 euros por los daños morales causados por su conducta ilícita.