La Fiscalía alega que no puede controlar las sentencias si no le informa el juzgado

  • El Estatuto del Ministerio Público recuerda, en cambio, que pueden actuar para ver cómo se encuentran los procesos

La Fiscalía de Sevilla insistió ayer en que no puede controlar el cumplimiento del proceso de ejecución de las sentencias, como la que condenó al presunto asesino de Mari Luz, hasta que los juzgados le remiten la causa solicitando un pronunciamiento concreto del fiscal, según explicaron ayer fuentes de la Fiscalía Hispalense.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, aseguró en el informe que remitió el pasado viernes a la Fiscalía General del Estado que desde que la Audiencia de Sevilla confirmó la condena de Santiago del Valle, "no consta ninguna entrada de la causa" en la Fiscalía hasta el 7 de marzo de 2008, cuando el juzgado solicitó si era procedente la detención e ingreso en prisión del principal sospechoso del asesinato de Mari Luz.

Las mismas fuentes aseguraron que la Fiscalía no dispone de un sistema informático que permita saber cuántas sentencias y en qué estado se encuentran las resoluciones que deben ejecutar los juzgados de lo Penal de Sevilla. En la Fiscalía se implantó en junio de 2007 una herramienta informática, denominada "Fortuny", implantada por el Ministerio de Justicia en colaboración con la Consejería andaluza del ramo.

En este programa, insistieron ayer desde la Fiscalía, no existe ninguna fórmula para saber las sentencias que están pendientes de ejecutar.

La versión ofrecida por la Fiscalía contrasta, no obstante, con las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal en su Estatuto Orgánico, donde se recoge que los fiscales pueden intervenir para conocer cómo se encuentran los procedimientos. En el artículo 3.9 del mencionado estatuto se recoge entre las funciones del Ministerio Público la de "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social".

Para ejercer esta función, los fiscales, según afirma el artículo 4, podrán "interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas". Aunque la Constitución recoge que corresponde a los juzgados y tribunales "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", la Fiscalía tendría que haber controlado el estado de la causa.

De hecho, la Fiscalía General del Estado anunció ayer la creación de una comisión que estudiará la implantación de "medidas eficientes de control" de personas imputadas o condenadas por delitos contra la libertad sexual.

La Fiscalía señaló que es su obligación "analizar los errores cometidos y formular propuestas de mejora que incrementen la eficacia de la Justicia", para evitar situaciones como la ocurrida con Mari Luz Cortés. Las medidas que saldrán de esta comisión estarán dirigidas tanto a la organización y tramitación del proceso penal -en cuyo caso se aportarían al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia-, como al funcionamiento del propio Ministerio Público. Además, la comisión, que estará presidida por Pilar Fernández Valcarce, fiscal delegada para la protección de las víctimas de delitos, "podrá realizar, si lo considera oportuno, una propuesta de reforma legislativa al Gobierno".

Mientras la Fiscalía General del Estado anunciaba la creación de esta comisión, que se reunirá mañana por primera vez, la Consejería de Justicia de la Junta insistió ayer en atribuir al juzgado de lo Penal número 1 los errores producidos, dado que el sistema informático Adriano, implantado en todos los órganos judiciales andaluces, sí que permite, a diferencia del programa que utiliza la Fiscalía, un "control permanente" del estado de las causas ejecutorias, informa Europa Press. Con este sistema, tanto los jueces como los secretarios judiciales y los funcionarios pueden acceder a todos los asuntos que se tramitan en el juzgado, así como el seguimiento de las fases y estado en que se encuentran dichas causas.

La consejera de Justicia, María José López, afirmó que la responsabilidad de que el presunto asesino no hubiese cumplido la condena corresponde "exclusivamente" al juez de lo Penal número 1, Rafael Tirado, a quien "nadie pudo avisar" de que Santiago del Valle continuaba en libertad porque, según dijo la consejera, el magistrado "nunca" inició la ejecución de la sentencia. López consideró que estos procedimientos no admiten dilaciones, "por lo que no hay excusa ni resquicio alguno para que la ejecución no se hubiera producido".

La consejera de Justicia señaló que en toda la pasada legislatura el juzgado de lo Penal número 1 no solicitó ningún refuerzo ni la realización de horas extraordinarias, y opinó que el máximo órgano de Gobierno de los jueces debe sancionar con una falta grave o muy grave al juez, porque "quien impulsa la ejecución de una sentencia no es una funcionaria, sino el órgano judicial, y el juez es quien impulsa el procedimiento y tiene que estar alerta y al tanto de que la ejecución de la sentencia se ha llevado a cabo".

El juez Rafael Tirado dijo ayer que no desea entrar en polémicas con la Junta y se remitió a la documentación que obra en su juzgado, que a su juicio demostrará lo sucedido en este asunto.

La Fiscalía de Sevilla detectó un "defectuoso control" en la ejecutoria de la sentencia, pero también puso de manifiesto la demora de dos años y medio de la Audiencia en resolver el recurso de apelación. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia eludieron ayer pronunciarse sobre el informe de la Fiscalía.

Quien sí ha hecho su trabajo es la Policía, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón. "Cada vez que esta persona -en referencia al presunto asesino, Santiago del Valle-ha delinquido, la Policía Nacional lo ha puesto a disposición de los jueces y, por tanto, el Cuerpo Nacional de Policía ha hecho bien su trabajo". El delegado del Gobierno en Andalucía manifestó que "los detenidos ya están en prisión y ahora le corresponde a la juez instruir el sumario".

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