El director de Fertiberia en Huelva, Roberto Ibáñez, aseguró ayer que "no tiene sentido" que la empresa continúe en la Mesa de Participación de los Fosfoyesos, que impulsa el Ayuntamiento de Huelva, y más después de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tras atender el requerimiento realizado por la Audiencia Nacional, declarase "idóneo" el proyecto presentado por Fertiberia para la clausura de las balsas de fosfoyesos en las marismas de Huelva.

En declaraciones a los periodistas, Ibáñez remarcó que la empresa no descarta colaborar con las administraciones, pero ya ha excusado su ausencia ante el alcalde en el caso de que se convoque una nueva reunión de la mesa.

En este sentido, incidió en que tras declararse la idoneidad del proyecto, a su juicio, "no pinta nada" Fertiberia en dicha mesa, al tiempo que explicó que el proceso sigue su curso y aún queda tramitación por completar.

Tras dejar claro que entiende que el Consistorio tiene "toda la legitimidad" para hacer todas las aportaciones que considere en el trámite oportuno, Ibáñez precisó que el Ministerio y las entidades que han colaborado con él como en los el Instituto Geológico Minero (IGME) y por la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales (Emgrisa) han declarado "idóneo" el proyecto.

No obstante, subrayó que la empresa está realizando los trabajos de ingeniería correspondientes al objeto de recoger "las correcciones y mejoras establecidas". De hecho, según apuntó, "el lunes vendrá la ingeniería para hacer algún trabajo de campo". "Nuestra idea es completar la adenda del proyecto y a finales de junio tener el proyecto completado con todas las modificaciones que nos han recomendado el Emgrisa, el IGME y el propio Ministerio". Además, el calendario de la empresa es después seguir con la tramitación del estudio de impacto ambiental con "todas las modificaciones".

Ibáñez remarcó que la aprobación del Ministerio es provisional, de manera que la tramitación es "larga" ya que debe aprobarse el estudio de impacto ambiental, donde las partes interesadas como administraciones, asociaciones o colectivos pueden hacer sus aportaciones. Se trata de "una tramitación larga" que vaticina que puede durar "más de dos años". Finalmente, Ibáñez reiteró "lo importante es que las empresas colaboradoras con el Ministerio ven idóneo el proyecto".