Representantes de diversos ámbitos de la farmacia española, entre los que se encuentran el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Pedro Capilla, y su homólogo andaluz, Manuel Arenas, reclamaron hoy a los distintos partidos políticos un gran pacto que "garantice" el modelo mediterráneo y de proximidad de farmacia española, frente a los "ataques" de Bruselas para la liberalizar el sector.

Según destacó hoy en una nota el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, que junto al colegio onubense organizó hoy en Huelva una jornada sobre el modelo actual de farmacia y los aspectos jurídicos de la Ley de Farmacia de Andalucía (LFA), el modelo español de farmacia permite que todos los usuarios disponga de una oficina farmacéutica "a menos de 200 metros" de su domicilio, además de que el precio del medicamento "es más bajo que en los países de modelo liberal".

En cuanto al examen jurídico de la nueva norma andaluza, tanto el Consejo General de Farmacéuticos como el Consejo Andaluz coincidieron en afirmar que corresponde al Alto Tribunal dilucidar la constitucionalidad del texto aprobado por el Parlamento autonómico, si bien reiteraron que algunos de los contenidos recurridos "están vigentes en otras leyes autonómicas cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada y que han sido aprobadas con un amplio consenso político".

Así, insistieron que uno de los aspectos de la Ley andaluza que se ha elevado a Constitucional es el que se refiere a la facultad de las autonomías para establecer principios de concurrencia, competencia, mérito y capacidad sobre las adjudicaciones de farmacia de nueva apertura.

En este ámbito, recalcaron que esta capacitación está incorporada "a prácticamente todo el ordenamiento farmacéutico español" y, por tanto, a leyes aprobadas en comunidades "con gobierno de muy distinto signo, por lo que causa sorpresa que se haya puesto en tela de juicio con motivo de la ley andaluza".

Este tipo de "incongruencias políticas", agrega la nota, es "especialmente nociva" en un momento como el actual, en el que Bruselas "cuestiona y estudia la compatibilidad de la regulación farmacéutica de las comunidades españolas con las leyes comunitarias".

Por ello, instaron a las fuerzas políticas a que suscriban un pacto que permita actuar con el mismo criterio en todas las autonomías, además de que defiendan el modelo asistencial de farmacia español frente a los "ataques" de Europa. Así, declararon que no es el mejor momento para "escenificar desavenencias internas".