Vienen 48 horas de vértigo para los independentistas, antes del martes tendrán que decidir si ese día se proclama la independencia en el Parlamento. Y si es así, de qué modo: si de una forma clara y sin dudas o si se posterga, en diferido, con la apertura de un foro social, de modo que cuando concluya sus trabajos, la independencia ya se considerará vigente. Así se recoge en la ley de transitoriedad, en su artículo 86, por la que el presidente Carles Puigdemont convocaría unas elecciones que para la Generalitat serían constituyentes. En realidad, el modo en que lo lleven a cabo es un tanto indiferente, cuenta la voluntad, porque visto lo sucedido en las tres últimas semanas, el Govern y la mayoría del Parlamento carecen de problemas para saltarse leyes y procedimientos.

Y en la voluntad de hacer es donde están surgiendo las diferencias. Para Esquerra Republicana (ERC) y los radicales de la CUP, necesarios para cualquier acuerdo parlamentario, sólo quedan unos pocos metros para llegar a la cima del Everest. Un empujoncito. Sin embargo, para buena parte del PDeCAT, excluido Puigdemont, y de las instituciones civiles el tramo final que resta es, en realidad, el que mostró la CUP en su anuncio en favor del referéndum: no es Ítaca (el Estado catalán), sino un precipicio y una furgoneta hípster estrellada. Y, después, vendrá el mambo, una revuelta dionisíaca dedicada al dios Marte. Los moderados del independentismo, y los hay, no desean dar paso atrás, pero tampoco lanzarse por el precipicio.

Felipe VI ha chafado los planes de quienes esperaban que ahora se abriera el diálogoEl tiempo ha logrado otro factor: el fin del silencio de la mayoría que no quiere marcharse

La última mala noticia para el procés lo dio ayer La Caixa, al anunciar que la Fundación y Criteria trasladan su sede social a Mallorca. Criteria es la compañía que agrupa las participaciones industriales de la Fundación Caixa: la banca, Caixabank, ya se fue el viernes a un nuevo domicilio en Alicante. En Cataluña hay una llamada mesa por la mediación y el diálogo, es un grupo de asesores del Govern en el que hay sindicalistas, profesionales y personalidades de distintos sectores. Pues bien, la presidenta del Colegio de la Abogacía de Barcelona, María Eugenia Gay, que los representa a todos, ha solicitado a Puigdemont que no dé el paso de proclamar la DUI, la declaración unilateral de independencia. Estos asesores se reunieron con parte del Govern en una reunión anunciada para el viernes, pero de la que no se ha trasladado ninguna conclusión. Es una prueba más de la quiebra abierta.

A favor de buscar la disensión para ganar tiempo, está la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, el propio Artur Mas y el consejero de Empresa, Santi Vila, que viene siendo un verso suelto que no fue purgado el pasado verano cuando Puigdemont sacó de su Gobierno a los más moderados, incluido el consejero de Interior, de quien dependen los Mossos. La Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Omnium, dirigida por los jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, también están virando. Pero hay algo que debe quedar claro: ninguno de ellos, a pesar de las diferencias, está por romper la unidad de Junts pel Sí y sus organizaciones civiles. En el otro lado presiona el vicepresidente, Oriol Junquera, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Y la CUP. Los radicales de esta formación no conciben otra salida que seguir consumando los pasos de la independencia.

Formalmente, el pleno al que asistirá Puigdemont este martes es para exponer su visión de la situación en Cataluña, no debería dar lugar a la declaración de independencia. Pero puede ocurrir: los resultados del referéndum del 1-O ya son oficiales, que es el paso requerido para la proclamación de la república. Siempre es posible cambiar el orden del día. Es lo que intentará la CUP. El grupo parlamentario de Ciudadanos ha avisado que si esto se trata en la Mesa o durante la sesión, solicitarán la suspensión, de acuerdo con los autos del Tribunal Constitucional, donde se exige que no se dé ningún paso en dirección a la declaración.

Los obstáculos no previstos por los independentistas en su proceso ha sido dos: el efecto dominó de huida de las empresas catalanas, comenzando por los bancos, que están siendo perjudicados ya, en el día a día, y la falta de una apertura de mediación. Después de la jornada del domingo pasado, que fue un éxito para la Generalitat, se esperaba que se abriese una mediación en la UE o en el propio país, posiblemente a través del Rey. Felipe VI ha chafado el plan, además de ser el único representante del Estado, que se ha dirigido esta semana al país, y el Parlamento Europeo ha dado un sonoro varapalo con su condena de las segregaciones ajenas al Estado de Derecho. Los soberanistas, en especial Oriol Junquera, confiaban en que los bancos no se marchasen antes de la declaración, pero las dudas han asaltado a los accionistas y a los depositantes. Según algunas fuentes, hay desolación en la sede de la Consejería de Economía, la de Oriol Junqueras. Firmas con tanta solera como Codorniú, de las más antiguas de Cataluña, también ha anunciado que cambiará la sede si Cataluña se declara independiente.

Y el tiempo ha conseguido otro factor, que puede resultar determinante: el fin del silencio de esa mayoría que no quiere marcharse. Ayer se celebró en Barcelona una gran manifestación por la unidad organizada por la Sociedad Civil Catalana, y las muestras de apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil también se suceden en muchas poblaciones; al menos, ya no son clandestinas. Hay un último factor que ayuda a la disensión: la Audiencia Nacional no ha adoptado medidas precautorias contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, aunque se había especulado con una petición de prisión. Ello y el perdón público que ofreció el viernes el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ayudan al enfriamiento.

En el caso de que sí se declarará la DUI, el Gobierno central asegura contar con un plan diseñado, que iría desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a la activación de la Ley de Seguridad Nacional, que llevaría al nombramiento de un coordinador general que llevaría a elecciones autonómicas.