El requerimiento presentado por el Gobierno central para que se anule el presupuesto municipal para 2016 ha sorprendido al equipo de gobierno local. Pero no por la presentación en sí -que era lo previsible y lo anunciado- sino porque, en primer lugar, desde el Consistorio creen que todo apunta a que la reclamación efectuada por la Subdelegación del Gobierno ha llegado fuera de plazo.

Aunque no confirmarán este extremo hasta que mañana se reúnan con el secretario, fuentes del Ayuntamiento señalan que el plazo para presentar los oportunos requerimientos habrían expirado a finales de octubre, mientras que los escritos se presentaron el pasado 2 de noviembre.

Dos son los requerimientos realizados por el Gobierno central. En uno de ellos se exige que se anule el acuerdo plenario del 1 de septiembre por el que se aprobaron definitivamente las cuentas municipales preparadas por el equipo de gobierno socialista.

En el otro se pide la anulación de la revisión de oficio del plan de rescate financiero al que estaba sometido el Ayuntamiento onubense. Se refiere así el Gobierno al primer punto del pleno del pasado 25 de julio, por el que se anulaban y suspendían de forma cautelar los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local del 2 de enero y de 7 de marzo de 2014, así como el acuerdo plenario del 30 de abril del mismo año.

Con ellos, el Ayuntamiento onubense (entonces gobernado por los populares) se acogió al plan de rescate financiero del Gobierno de la nación, que establecía, entre otras condiciones, que la aprobación de los presupuestos municipales debería contar con un informe previo, preceptivo y vinculante, del Ministerio de Economía y Hacienda.

La aprobación de la nulidad de estos acuerdos, y su suspensión cautelar, fue determinante para, posteriormente y en el segundo punto del orden del día, poder aprobar las cuentas municipales para este año.

Desde el Ayuntamiento argumentan que la impugnación de la suspensión del plan de rescate solicitada por el Gobierno no tiene sentido, toda vez que se trata de una suspensión provisional que está pendiente de lo que dictamine el Consejo Consultivo Andaluz. Hasta que no llegue ese veredicto y el asunto pase por pleno municipal no sería, bajo el punto de vista del equipo de gobierno, impugnable. Es como si se impugnaran, según señalan, unos presupuestos en su aprobación inicial.

Por todo ello, creen que desde el punto de vista jurídico no se sostiene la petición del Gobierno, al tiempo que aseguran tener la sensación de que se ha actuado con premura.