La concejala de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso, ha planteado en el seno del Consejo Local de Personas Migrantes una amplia reforma para que esta entidad evolucione hacia un órgano consultivo de carácter reivindicativo que sirva para orientar la política municipal en materia de inmigración.

La intención, en este sentido, es "ir más allá del trabajo que se realiza en materia de sensibilización y concienciación destinado a fomentar la convivencia pacífica y eliminar actitudes xenófobas en la ciudad", para abordar problemas concretos que afectan a la población migrante y aportar soluciones y propuestas que queden plasmadas en acuerdos elevados a Pleno para obtener el respaldo de la Corporación.

Para la concejala "es fundamental" redefinir el papel de este consejo tras la creación de la Oficina de Atención al Migrante (OFAM) el pasado verano, que ha supuesto una transformación en el tratamiento de las políticas migratorias en la ciudad, al apostar por la intervención comunitaria.

"Se trata de adelantarnos a la puesta en marcha de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que apuesta por la cooperación entre entidades y administraciones, para crear un consejo local capaz de construir verdaderos espacios de interculturalidad en la ciudad, mediante la integración plena y garantizando el acceso de la población migrante a todos los recursos en condiciones de igualdad", explicó.

Una necesidad que, según recordó Narciso, ha quedado reflejada en el diagnóstico de la realidad migratoria de Huelva realizado por la OFAM, que pone de manifiesto que a pesar de la creencia popular, el acceso de las personas migrantes a los recursos de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Huelva es "minoritario".

Los datos confirman que el porcentaje de beneficiarios de las prestaciones municipales entre las personas migrantes es mucho menor a lo que correspondería. Por ejemplo, se sitúa, en relación a las ayudas de suministros, en torno al 10,31%; al 7,36% en lo que se refiere a ayudas económicas; al 8,4% respecto a ayudas alquiler; al 9,6% en cuanto a beneficiarios del Banco de Alimentos; y al 4,5% respecto a los contratados en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía.

Para Narciso, el Consejo Social de Personas Migrantes debe ser un instrumento para que todas las entidades implicadas en este ámbito sean partícipes de la gestión municipal, con el objetivo de dar una respuesta social que se ajuste a la realidad que se vive en la ciudad y centrar nuestros esfuerzos en la población migrante con mayores dificultades para su integración sociolaboral.

Para empezar a avanzar en este sentido, la concejala ha planteado cuatro líneas de trabajo centradas en problemas concretos relacionados con asentamientos, empadronamiento, unidades residenciales o refugiados. En el apartado de asentamientos, ha propuesto al Consejo Local elevar al Pleno el Plan de Intervención Social de Las Metas, con el objetivo de obtener el respaldo de la Corporación, como aval para acceder a posibles subvenciones que permitan avanzar en el objetivo de erradicar la infravivienda en la ciudad.

Respecto a los distintos trámites que se realizan desde el Ayuntamiento para facilitar gestiones relacionadas con los permisos de residencia y trabajo, así como el empadronamiento, se ha propuesto la creación de un protocolo de actuación específico para afrontar su casuística particular.