Condenada a tres meses de cárcel por no llevar a sus dos hijos menores al colegio

  • Las autoridades educativas advirtieron a la madre de las consecuencias

No llevar a sus hijos menores al colegio, a pesar de estar informada de las consecuencias que supondría el hacerlo, le va a costar a su madre una pena de tres meses de prisión, según decidió el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva, que condenó a la mujer, cuya identidad responde a las iniciales de C. L. L., a dicha pena por eludir la obligatoriedad de escolarizar a sus hijos al menos durante 100 días del curso escolar de 2011-2012 a pesar de ser puntualmente informada por las autoridades educativas.

El magistrado ponente de la sentencia la considera responsable de un delito relativo al incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, y le impone en la sentencia que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Huelva, además de la pena de cárcel, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas.

La causa afecta al padre de los niños que no pudo responder por estar en el extranjero

En el fallo judicial se considera probado que en fecha de dicho curso escolar, la acusada, madre de dos menores nacidos en 1998 y 2001, incumplió sus deberes inherentes a la patria potestad relativos a la asistencia al centro escolar por lo que de esta manera caía en una falta contra el deber de educación previsto en el Código Civil.

El alto índice de absentismo se debió a "la despreocupación" de los padres por la educación reglada de sus hijos, lo que llegó a permitir "con pleno conocimiento y consentimiento que faltaran meses enteros al centro escolar".

Durante todos esos periodos los padres fueron informados de la obligatoriedad de la enseñanza y de las consecuencias derivadas del incumplimiento sin que las actuaciones llevadas a cabo desde el centro escolar, los servicios sociales y el equipo técnico de absentismo hayan corregido la conducta de los progenitores.

En concreto, en el período que va desde septiembre de 2011 hasta el 27 de junio de 2012, los menores sumaron más de 100 faltas de asistencia no justificadas al centro escolar donde debían hacerlo.

La causa también se dirigía contra el padre de los menores, si bien respecto del mismo se acordó el archivo provisional por encontrarse fuera del territorio español.

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