Primero se sintieron marginados, después una simple moneda de cambio en el pulso que mantuvieron la Administración local y la autonómica durante años y ahora estafados y utilizados. En el extremo oriental de la ciudad, sobre la margen izquierda del río Odiel, un centenar de familias de Marismas del Odiel espera (algunos se quedaron en el camino y otros renunciaron en mitad del proceso) sus viviendas de Santa Lucía. Esas que fueron construidas y sorteadas y que durante años han formado parte de la crónica social y política de la capital onubense. Hasta hoy.

Los beneficiarios insisten en reclamar a la Junta de Andalucía sus nuevas casas sin desembolsos, únicamente en una operación de permuta que no conlleve una compraventa de vivienda mediante una subvención por la que tendrán que tributar a Hacienda el próximo año. Desde diciembre se niegan a pedir esa subvención y ahora han dicho no al alquiler social de 40 euros o a ese mismo arrendamiento, aunque con opción de compra al cabo de 25 años, dos alternativas que la semana pasada puso sobre la mesa el consejero de Vivienda, Felipe López. La Junta insiste en que ha cumplido su parte y en que la única opción legal pasa por la compraventa y por la subvención, tal y como establece el convenio de 2006 firmado entre esta administración el y Ayuntamiento.

Pero los vecinos quieren, ni más ni menos, lo que se aprobó el 1 de febrero de 2006 por unanimidad de los grupos (PSOE, PP, IU y PA) en el Parlamento andaluz, donde prosperó una PNL presentada por IU. Es el Casa por Casa. La simple permuta. Dicen que lo que meses después se materializó en el convenio entre Junta y Ayuntamiento -que sí contempla la subvención- no es lo que se les prometió y lo que se aprobó en el Parlamento. Por lo tanto, lo rechazan.

Lo dejaron claro en una asamblea vecinal que tuvo lugar el pasado jueves, en la que los asistentes acordaron esperar a saber si el Gobierno central les exonera de tributar por el incremento patrimonial en caso de que soliciten la subvención para lograr la titularidad de las viviendas del programa. Irán al Parlamento de Andalucía la próxima semana, a la sesión prevista el jueves, 30 de marzo, en la que se debatirá la PNL registrada por el PSOE para que la Junta inste a Hacienda a considerar la situación de vulnerabilidad de estas familias. Los vecinos tenían previsto concentrarse a las puertas de San Telmo pero, al no solicitarlo con antelación suficiente, tratarán de acudir como asistentes al pleno, tal y como explicó ayer Matías Lazo, portavoz de los vecinos. A partir de aquí, se dan un mes de plazo, periodo en el que la Junta estima que recibirá respuesta por parte del Ministerio.

Desde hace poco más de una semana, la tensión y la desesperación es palpable en el barrio. Así, durante una reunión previa a la asamblea vecinal, en la sede de la asociación se reconocía que había discrepancias y división de opiniones entre los afectados, ya que no todos atraviesan la misma situación y algunos podrían estar dispuestos a apostar por un alquiler social o a pedir la subvención. Lazo dejaba claro, en todo caso, que serían los vecinos los que tendrían la última palabra.

"Después de tanto tiempo, que vengan ahora con esta sinvergonzonería del alquiler o de la subvención es para meterlos en el juzgado de guardia y que estén en la cárcel", comentaba respecto a la reunión con el consejero. Y es que la paciencia de los vecinos está al límite y la mecha, encendida. Una mecha que se prendió a raíz de que un matrimonio de ancianos residente en Marismas del Odiel sufriera el incendio de su vivienda y, al ser beneficiario de una de las casas de Santa Lucía, se metiera en su vivienda. Y no saldrá de allí por el momento. La familia mantiene su postura de que no se moverán a otra casa y la Junta, como medida excepcional, se lo ha permitido, si bien le ha ofrecido otras alternativas.

Desde entonces, el reguero de políticos interesándose por la situación de los abuelos y de los vecinos es constante en los últimos días. Algunos de ellos dejan constancia de ello en vídeos colgados en redes sociales pero desde la asociación creen que "juegan con la necesidad de la gente" y los partidos políticos "quieren manipular a la ciudadanía". "Nos sentimos usados", aseguran en este compás de espera".

Desde la asociación también critican el campamento que se instaló durante unos días a las puertas de Santa Lucía. "Desde allí se ha querido manipular al personal, ya sea a a políticos o a vecinos. Se ha presionado a los vecinos y se les ha instado a que entren en las casas. Ya les falta tocarnos las palmas y ponernos a bailar", reprochan. El Ayuntamiento, sin embargo, es "el único que nos ayuda", señalan.

Mientras tanto, Carlos Albendiz y Dolores Flores siguen en su casa de Santa Lucía. El abuelo, emocionado, enseña una camiseta del Recre y una gorrilla con varios pins de la Virgen del Rocío en la visera que se salvaron del incendio. "El obispo, cuando vino, dijo que había sido un milagro", comenta. El matrimonio agradece las muestras de solidaridad y asegura estar dispuesto a pagar un alquiler social para estar legalmente en su vivienda. Quieren quedarse para siempre en su casa.

"No pedimos nada. Ellos vinieron a echarnos de un terreno. Costaba dinero y cuando se dieron cuenta, estaban los vecinos dentro y nos echaron. Nosotros en nuestra lucha conseguimos lo más básico. Yo te doy lo que tengo y tú me das lo que me quieras dar. Pero ahora vienen con la compraventa", reprocha Matías Lazo. Y es que, pese a su cercanía respecto al centro, esta área se mantuvo al margen de los procesos de urbanización de la capital. Un espacio con asentamientos espontáneos y de autoconstrucción en una zona con carencia de dotaciones y adversas condiciones meteorológicas que dieron lugar a un alto grado de precariedad en las viviendas y a una alta degradación ambiental que terminaron por perfilar un área marginal. Un espacio que ahora pide, más que nunca, dignidad y voluntad política.