La muerte de Mari Luz y la detención del presunto asesino, Santiago del Valle, ha reabierto el debate sobre cuestiones como el seguimiento continuo de pederastas condenados, el cumplimiento íntegro de las penas, la cadena perpetua o la reforma de la Ley son algunas de las cuestiones. Expertos del ámbito judicial, social y médico plantean ahoras cuestiones como un registro de pederastas único, que permita a las fuerzas de seguridad su indetificación por toda España.

Así, el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, considera que es necesario modificar el Código Penal para endurecer las penas frente a los delitos de pederastia y para que se establezca la obligatoriedad de que éstas se cumplan íntegramente, además de que se establezca un seguimiento continuo de los pederastas condenados.

"Los pederastas deben ser apartados de la sociedad, aplicándoles la Ley en su máximo rigor, sin tener la posibilidad de acogerse a beneficio alguno", ha asegurado Canalda, pues a su juicio "este tipo de persona no se rehabilita, está más que demostrado que reinciden una y otra vez por lo que es imprescindible, una vez que hayan cumplido la pena íntegra, que tengan un seguimiento psiquiátrico y judicial permanente". "La Policía y la Guardia Civil deben saber en todo momento dónde están estos individuos y qué hacen", señaló.

Para el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, "ha llegado el momento de empezar a plantearse" conceptos como el de la "peligrosidad social" que pueda conducir a la toma de medidas "postdelictuales" que ayuden a evitar reincidencias como la detectada en la presunta autoría de la muerte de la niña de cinco años Mari Luz Cortés. Además, para López "sin lugar a dudas" también es necesario abrir el debate sobre la cadena perpetua, que es "perfectamente constitucional".

Según explicó, estos debates "deben hacerse más allá del momento puntual de las 48 horas" después de un caso como el de la pequeña onubense. Por eso, y aunque este es un debate que "abre las carnes a los juristas", López considera necesario "empezar a plantearse que hay conceptos nuevos en derecho penal, que superan los principios que hasta ahora hemos mantenido".

Así, el vocal del órgano de Gobierno de los jueces se manifestó a favor de volver a plantearse "el concepto de peligrosidad social, que unido a la existencia de un delito puede determinar la existencia de medidas postdelictuales". De esta manera, y teniendo en cuenta que "la culpabilidad como único elemento para crear la pena no es suficiente", defendió la oportunidad de "establecer medidas en la ley que vayan más allá del cumplimiento de una pena". En concreto, el portavoz del CGPJ apuntó la posibilidad de que este tipo de delitos "sean enjuiciados en tiempos récord", porque "hay otros delitos que pueden esperar, pero estos no". Además, se refirió a "medidas postdelictuales" que tiendan a "proteger" a la sociedad de estos delincuentes, como "prohibiciones de asistir a determinados lugares". "Hay que medir no sólo la culpabilidad, sino también el grado de peligrosidad de un delincuente a la hora de reincidir y hasta que esto no lo asumamos sin ningún tipo de tapujos ni ataduras no estaremos acertando", insistió López.

Del mismo modo, aseguró que "sin lugar a dudas" habría que abrir el debate sobre la cadena perpetua real, que, a su juicio es "perfectamente constitucional, siempre que se establezca un juicio de revisión".

El vocal del CGPJ, Félix Pantoja, discrepó "radicalmente" de la necesidad de abrir un debate sobre la cadena perpetua y las medidas 'postdelictuales', porque en su opinión "no caben en modo alguno" en el marco constitucional.

Por su parte, el psicólogo y ex Defensor del Menor Javier Urra aboga seriamente por una reforma normativa para asegurar que el pedófilo "no tendrá la oportunidad de volver a reincidir". Sobre el presunto asesino de Mari Luz, lamenta, "se ha dicho que es un enfermo mental" pero no ha cometido un delito por eso, sino "porque es un tipo perverso y malvado que ha sido capaz de falsificar informes médicos, capaz de buscar excusas, capaz de mentir sobre los abusos de su hija y capaz de esconderse". Para Urra, "está muy claro que sabe lo que hace, hace lo que quiere hacer y es corresponsable de sus actos". Por eso, en casos como este aboga por una vigilancia penitenciaria, un localizador personal y la obligatoriedad de seguir una terapia psicológica o farmacológica, controlada por un juez.

La asociación humanitaria Pro derechos del Niño, Prodeni, rechazó ayer la cadena perpetua. y explica que lo más importante no es mantener 'sine die' a los agresores en prisión, "sino establecer un control riguroso y sistemático que les impida que cuando estén en la calle que vuelvan a reincidir".