Los sindicatos CCOO y UGT celebraron ayer en Huelva una reunión con el secretario general del PSOE onubense, Mario Jiménez, con motivo de la convocatoria de huelga general del próximo día 29 de marzo.

En este encuentro, las centrales sindicales pudieron constatar el grado de sintonía de los socialistas de Huelva contra la reforma laboral, mostrando, además, Mario Jiménez su apoyo a la convocatoria de huelga en nombre del partido socialista onubense.

En la rueda de prensa previa a la reunión de trabajo, el secretario general de CCOO Huelva, Emilio Fernández, destacó que "hoy el ministro Montoro ha anunciado un plan de ajuste para las corporaciones locales con una combinación explosiva de reforma laboral, abaratamiento del despido y plan de pago a los proveedores, que implica una reducción de plantilla en los ayuntamientos para hacer frente a la deuda con los proveedores".

Fernández aseguró que esto "no sólo supone una medida dura con los trabajadores y trabajadoras, sino también dejar de prestar servicios públicos a la ciudadanía, privatizarlos o directamente eliminarlos".

De hecho, el líder de CCOO Huelva insistió en que "detrás de este plan de ajuste lo que en realidad hay es una reducción del papel del estado y de las administraciones como garantes de los derechos sociales y de servicios a los ciudadanos". Por ello, "hay más motivos cada día para movilizarse, para mostrar indignación e ir a la huelga general", sentenció.

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente explicó que con esta reforma laboral se está creando "una gran incertidumbre en el conjunto de la sociedad española, ya que se están retrocediendo en derechos sociales, laborales y democráticos".

Además recalcó el plan de ajuste de Montoro que pone en peligro todo el sector público, ya que "obliga a las administraciones públicas para poder acogerse a los fondos para pagar a los proveedores y el sector público puede quedar desmantelado y de esta forma, ser organizado por las entidades financieras".

Con este plan de ajuste se demuestra que desde el gobierno del Partido Popular "no se cree en lo público y se observa que habrá un desmantelamiento de la función pública de este país".